En una histórica resolución, el Juzgado Mixto-Nauta I otorgó derechos propios al río Marañón y sus afluentes. Este fallo, producto de una batalla legal liderada por una comunidad nativa de Loreto, respaldada por el Instituto de Defensa Legal (IDL), marca un hito en la protección ambiental y los derechos indígenas en el Perú.
La comunidad, liderada por mujeres y encabezada por Mari Luz Canaquiri del pueblo Kukama, ha luchado incansablemente contra la contaminación del río Marañón, especialmente por los derrames de petróleo que amenazan su salud y sustento. Esta sentencia reconoce al río como un ser vivo en la cosmovisión Kukama, resaltando su importancia vital para la comunidad y el ecosistema.
“La contaminación petrolera por más de 50 años ha venido matando, contaminando nuestro ríos, hemos perdido gran cantidad de peces, cada vez que hay inundación sube todo ese petróleo, entonces, daña la salud de la población. Hay enfermedades desconocidas. Eso es preocupante y nadie ha ido a hacer un estudio técnico de cómo está la población. Cuando han hecho análisis de sangre toda la gente ha salido con metales pesados en su sangre”, reclama Mari Luz Canaquiri.
En tanto, la abogada del IDL, Maritza Quispe, detalló que el fallo otorga el derecho a un ecosistema saludable, a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, a la conservación y restauración, y a la protección. Además, nombra a las comunidades indígenas, en este caso a la Federación Huaynakana Kamatahura Kana, como guardianes y representantes del río Marañón.
Este fallo sienta un precedente importante y servirá para proteger otros ríos que enfrentan contaminación. Sin embargo, Quispe advierte que es una sentencia de primera instancia y es probable que sea apelada por la parte demandada. Además, la resolución ordena a Petroperú actualizar sus instrumentos de gestión ambiental y realizar un proceso de consulta previa.
La lucha por la protección del río Marañón continúa, pero esta sentencia representa un paso crucial hacia la preservación de este vital recurso natural y el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas que dependen de él.