Juan Carlos Castro, ministro del Ambiente, conversa en exclusiva con Stakeholders sobre los planes que tiene su gestión en la conservación de la biodiversidad y en la protección de los defensores ambientales. Además, habló de la modificación de la Ley Forestal y cómo el Ejecutivo pretende reducir la deforestación mediante una nueva norma.

Por Denisse Torrico

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¿Cuáles son los planes específicos para fortalecer la conservación de la biodiversidad, especialmente aquellas en peligro por actividades humanas?

La biodiversidad aporta con el 3,3 % del Producto Bruto Interno (PBI), lo que equivale a unos US $13 000 millones de ingresos a la economía nacional. Entonces si comenzamos a mirar cómo la biodiversidad aporta a cada una de las actividades económicas del país, nos vamos a dar cuenta que es importante su conservación. Frente a eso, estamos trabajando para que los proyectos que vengan pasen por una mirada de exigencias ambientales sin poner mayores trabas burocráticas. El desarrollo de un proyecto no solo debe construir a la protección del ambiente, sino también los beneficios sociales.

Existe una gran cifra de defensores ambientales que en los últimos años han sido asesinados. ¿Cómo está el Minam abordando ese tema? ¿Existe protección o apoyo legal?

La Amazonía ha sido abandonada por muchas décadas. En este Gobierno nos hemos puesto el objetivo de mirar hacia la Amazonía para un desarrollo más integral y eso implica no solo generar esta economía, sino brindarles a ellos seguridad.

Y la seguridad implica tener una protección más efectiva. Hemos coordinado, a través del Ministerio del Interior, la instalación de bases policiales, que además de brindar protección, lucharán contra la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico. Ya contamos con dos. Son compromisos tangibles. Es necesario para que las comunidades retomen la confianza en nosotros.

«En este Gobierno nos hemos puesto el objetivo de mirar hacia la Amazonía para un desarrollo más integral».

Desde el lado normativo, tenemos hace poco la aprobación de una ley forestal, que no siguió las recomendaciones dadas y que impulsa el tema de la tala desmesurada. ¿Cómo se viene luchando contra la deforestación?

La modificación de la Ley Forestal da como sustento el querer ayudar a los pequeños productores frente a las regulaciones de la Unión Europea. De esta manera los productores no solo pueden formalizarse, sino también arraigarse al suelo para que no sigan deforestando.

Considero que el Legislativo cuando miró la problemática, lo hizo en solo un aspecto. Nosotros como Ejecutivo lo que hemos hecho es analizar muchas aristas. Son más de 12 millones de hectáreas deforestadas, 2.6 millones de ellas están en actividad agrícola y de esas, 600 000 son las que pueden verse afectadas por la Unión Europea. Nosotros estamos mirando lo que pasa en otros mercados que también van a ir por la tendencia de la Unión Europea, ya es más global que se comienzan a preocupar por la conservación de los bosques. Entonces ya no se va a poder exportar productos que vengan de áreas deforestadas.

Ante este panorama, ¿de qué manera actuarán para mejorar la situación?

Sabiendo lo que se viene en unos años, estamos elaborando una política que va formalizar a los productores, con el fin de establecer candado para que las áreas de deforestación no crezcan. Aprobando la nueva norma, la modificación que hizo el Legislativo quedaría derogada por su propio peso.

¿Qué estrategia está promoviendo el Ministerio del Ambiente para que existan inversiones que cumplan con los estándares ambientales?

El Perú tiene, desde hace muchos años, tres estándares de calidad ambiental para aire, suelo y agua. También tenemos una ley que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual nos dice lo que debemos hacer, lo que debemos mirar o evaluar en un proyecto de inversión público privada o mixta.

Sin embargo, en los últimos años nos hemos vuelto un país no atractivo a las inversiones, porque a pesar que tenemos esta ley que nos establece los estándares para que un proyecto de gran envergadura sea aprobado en 8 meses, se han ido creando requisitos y pasos burocráticos que han generado que la aprobación sea de 5 años.

¿Qué harán al respecto para reducir esta tramitología?

Lo que estamos haciendo es sincerar toda la tramitología en el Perú para cumplir con lo que dice la ley. Y esperamos que antes de noviembre que vienen las 21 economías del mundo, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), nosotros ya tengamos resuelto y aprobado todas las normas que reducen los trámites.

¿Qué otros tipos de incentivos se les puede dar a las empresas para que puedan mejorar o tener más prácticas sostenibles?

Estamos otorgando certificados, lo cual es muy atractivo para las empresas. Tenemos la revisión de Huella Hídrica, la reducción de la Huella de Carbono, para aquellas que están camino hacia la carbono neutralidad. Como Ministerio estamos pensando establecer un Sello Verde, para las organizaciones responsables en el manejo de residuos líquidos y sólidos, eficiencia hídrica, eficiencia energética, entre otros puntos. Para una empresa, tener una certificación del Estado le da mayor nivel y de manera internacional.

En cuanto a gestión de residuos sólidos, ¿cómo es que Perú está trabajando en ese tema?

La gestión de residuos sólidos en el Perú tiene una competencia exclusiva de los Gobiernos locales; sin embargo, esta gestión se ha vuelto más compleja por lo que se ha constituido en un problema ambiental para el país. Bajo una delegación nos convertimos en la ejecutora de los Gobiernos locales para construir las infraestructuras y disposición final de residuos, con lo cual esperamos solucionar en parte los problemas que tienen las ciudades.

Para ello, buscamos financiamiento en la Cooperación Internacional y con bancos internacionales que nos están ayudando con financiamientos tipo donación y en otros casos tipo préstamo.

¿Cómo está el Gobierno facilitando la transición de combustibles fósiles a energías más limpias y sostenibles?

Es un trabajo multisectorial. Lo que propone es un cambio progresivo hacia estas energías renovables. Eso nos lleva también a trabajar con algunas empresas automotrices que están pensando en hacer algunos cambios en los vehículos que venden.

El Perú tiene hoy en día infraestructura para GNV y los híbridos. En el caso de vehículos eléctricos, nuestro país aún no está preparado para tener vehículos eléctricos por un tema de infraestructura.

El Minam está liderando la organización del APEC (noviembre), ¿Qué expectativas tienen, considerando que el tema de sostenibilidad va a estar en la agenda?

El Ministerio del Ambiente está trabajando para llegar a noviembre con un mensaje de sostenibilidad económica, ambiental y social, pero además mirar también los efectos del cambio climático.

¿Se tiene alguna alianza con algún país en particular?

Tenemos acuerdos sobre todo con Singapur que vamos a trabajar en el mercado de carbono. Además, tenemos expectativas de vehículos eléctricos con China. Esperamos poner en mesa algunos proyectos sostenibles que queremos presentarles a otros países. Esperamos ir negociando conforme llegue noviembre.







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