Por Stakeholders
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Cinco años después de la emblemática Operación Mercurio, en 2019, que pretendía erradicar la minería ilegal en la región de Madre de Dios, la actividad ilícita se ha triplicado. A pesar del gran despliegue inicial de 1,200 efectivos policiales, 300 militares y la intervención de 70 fiscales, el 98% de las áreas recuperadas por las autoridades han vuelto a ser explotadas.
¿Qué ocurrió? De acuerdo con una investigación del diario La República, la falta de continuidad y decisión política para mantener la presión sobre la minería ilegal ha permitido su resurgimiento. Según la exfiscal Karina Garay Tapia, quien lideró dicha operación, esta actividad ilícita continúa extrayendo minerales en áreas prohibidas, incluyendo zonas de amortiguamiento y áreas protegidas como La Pampa.
Además, la legisladora sostiene que durante el gobierno de Dina Boluarte se han promulgado leyes que facilitan la minería ilegal, otorgando impunidad a quienes están en proceso de formalización.
«Aunque la Fiscalía o la Policía intervengan a un minero formal que esté operando de manera ilegal, no pueden procesarlo debido a la falta de un marco legal adecuado», denunció Garay.
Por su parte, el alto comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros para el Combate a la Minería Ilegal, Rodolfo García Esquerre, reconoce que la minería ilegal ha aumentado, impulsada por el incremento en el precio del oro y un marco legal poco efectivo.
«La interdicción ayuda, pero no es suficiente», advierte. García subraya la necesidad de nuevas políticas y una cooperación más estrecha entre el sector público y privado para enfrentar la minería ilegal de manera integral.
Recursos insuficientes
La Policía Nacional del Perú (PNP), encargada de combatir la minería ilegal, enfrenta una lucha desigual. El coronel Miguel Barreto Rivera, jefe de Planeamiento de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, señala que el presupuesto asignado para el 2024 es de apenas S/47 millones (aproximadamente US$12.6 millones), el cual es insuficiente comparado con una actividad ilegal que moviliza alrededor de US$4,000 millones anuales.
La Dirección de Investigación de Medio Ambiente cuenta con solo 56 efectivos en seis bases policiales en Madre de Dios, una cifra ínfima contrarrestada con los entre 15,000 y 25,000 mineros ilegales que operan en la región. Barreto resalta la falta de vehículos adecuados y personal suficiente para llevar a cabo operaciones de interdicción efectivas.
