
En un contexto de creciente vulnerabilidad ambiental, el Ministerio del Ambiente (Minam) ha dado un paso crucial al aprobar el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, la Degradación de Tierras y la Sequía al 2030, una herramienta de gestión estratégica que busca restaurar ecosistemas degradados, frenar la pérdida de tierras productivas y aumentar la resiliencia climática en los territorios más afectados del país.
Oficializado mediante la Resolución Ministerial N.° 00178-2025-MINAM, este plan constituye una hoja de ruta clave para articular políticas públicas y medidas concretas con enfoque territorial y de derechos, alineadas con los compromisos internacionales del Perú ante la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD).
Restaurar la tierra, restaurar la vida
“Esto permitirá orientar recursos y capacidades para enfrentar uno de los problemas ambientales más silenciosos, pero que afecta profundamente la seguridad alimentaria, la biodiversidad y el bienestar de millones de peruanos”, afirmó Berioska Quispe, directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam.
La funcionaria recalcó que la implementación del plan requiere una acción multisectorial, involucrando a gobiernos subnacionales, comunidades campesinas, sector privado, cooperación internacional y sociedad civil.
Entre los objetivos principales del Plan destacan:
- Neutralizar la degradación de tierras a través de metas actualizadas de Neutralidad en la Degradación de Tierras (NDT).
- Mitigar el avance de la desertificación en zonas críticas.
- Fortalecer la capacidad de respuesta ante la sequía, especialmente desde los gobiernos regionales y locales.
- Promover prácticas sostenibles de manejo de suelos y restauración de ecosistemas degradados.
Asimismo, se impulsará la articulación de alianzas territoriales, como el Programa Atacama Desert, una iniciativa regional que congrega esfuerzos de países andinos para abordar los retos comunes que enfrentan sus ecosistemas áridos y semiáridos.
Deforestación, agroextractivismo y recuperación forestal
El nuevo plan se inscribe en un contexto desafiante: entre 2001 y 2023, el Perú perdió más de 3,05 millones de hectáreas de bosque húmedo amazónico, siendo las regiones más afectadas Ucayali, Loreto, San Martín, Huánuco y Madre de Dios, las cuales concentraron el 84 % de esta pérdida.
De forma alarmante, el 77,6 % de esta deforestación ocurrió en parcelas menores a cinco hectáreas, lo que evidencia la presión de la agricultura a pequeña escala y actividades ilegales, según un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible – FCDS Perú.
No obstante, también se ha registrado un proceso positivo: el 43 % de las áreas deforestadas ya ha sido recuperado y forma parte del patrimonio forestal nacional, reflejando que las acciones de restauración y conservación pueden generar impactos tangibles si se implementan de forma sostenida.
Gobernanza ambiental y articulación institucional
El Plan 2030 incorpora elementos de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 2016–2030, así como de la Política Nacional del Ambiente al 2030, reforzando la necesidad de integrar la gestión del territorio con objetivos climáticos y sociales. También responde al llamado global a aumentar la ambición climática frente al cambio climático y avanzar hacia un desarrollo sostenible y justo para las generaciones futuras.
“El Plan es una herramienta viva que refleja la urgencia de actuar de manera coordinada para enfrentar los efectos del cambio climático sobre nuestro territorio. Restaurar la tierra es también restaurar las oportunidades de vida para nuestras comunidades más vulnerables”, subrayó Quispe.
Su elaboración fue liderada por la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación del Minam, a través de un proceso participativo y abierto que integró las contribuciones de diversos sectores y ciudadanía, en cumplimiento con los principios de transparencia ambiental y gobernanza participativa.
Con este instrumento, el Perú busca no solo enfrentar una crisis ambiental silenciosa, sino también liderar en la región con un modelo de acción integral y preventiva, que ponga a la tierra y a las personas en el centro del desarrollo.