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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha lanzado una advertencia sobre la creciente criminalización de defensores indígenas en Perú. Durante una sesión reciente, líderes indígenas de algunos países latinoamericanos expusieron el aumento de amenazas y persecuciones que obstaculizan su labor de defensa de territorios ancestrales.
«Ellos no van a detener la bala. Yo necesito acciones concretas», declaró Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, quien enfrenta amenazas de muerte tras denunciar un derrame petrolero en Loreto. A pesar de un comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) pidiendo medidas de protección, no ha habido respuesta efectiva del gobierno.
De acuerdo a estadísticas de Global Witness, una ONG internacional de derechos humanos, al menos 296 defensores fueron asesinados en la región amazónica desde el 2014. En el 2022, se contabilizó la muerte de un defensor ambiental cada dos días. Brasil, Perú y Venezuela encabezan esta lista sombría.
Denuncias de criminalización
Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), denunció la criminalización de líderes indígenas por su lucha contra el narcotráfico en Satipo, Junín. Valerio declaró que tanto las mafias del narcotráfico como el Estado peruano han perseguido a defensores bajo pretextos legales, sin ofrecer protecciones adecuadas. «El Estado peruano no tiene acciones concretas, como protocolos, ante casos de criminalización de defensores, dejándonos desprotegidos», afirmó Valerio.
En tanto, Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), mencionó el caso de Quinto Inuma, un líder kichwa asesinado en noviembre del 2023. «La Comisión Interamericana otorgó en marzo la medida cautelar 110923, pero las autoridades se negaron a implementarla», denunció Guimaraes.
Ante este panorama, los líderes indígenas hicieron un llamado a la CIDH para que promueva y fortalezca mecanismos de protección para defensores de derechos humanos, con un enfoque interseccional y de género.