Por Stakeholders
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El Ejecutivo ha desatado controversia con su reciente iniciativa legislativa, presentada con carácter de urgencia ante el Congreso, para modificar un artículo clave de la Ley Forestal. Esta propuesta, respaldada por la presidenta Dina Boluarte y el entonces presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, podría tener serias repercusiones en la supervisión de especies en peligro, como el shihuahuaco, el cedro y la caoba.
El proyecto busca alterar el artículo N°46 de la Ley Forestal, relacionado con las inspecciones visuales de árboles incluidos en el Apéndice II del listado del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). En la actualidad, la aprobación y supervisión de planes de manejo con especies Cites requieren una verificación exhaustiva, pero la propuesta del Ejecutivo pretende cambiar esto.
La nueva metodología propuesta implicaría un cambio radical en la supervisión, permitiendo la implementación de muestreos en lugar de la revisión del 100% de lo declarado. Según el gobierno, esto agilizaría los procesos y reduciría costos, pero críticos como Julia Urrunaga Pasco Font, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), advierten que esto debilitaría las normativas forestales en favor del comercio, con posibles repercusiones negativas en acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
La propuesta, que lleva la firma de altos funcionarios del gobierno y del director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal (Serfor), ha generado preocupación entre los expertos y la sociedad civil. A pesar de que se menciona una consulta al Ministerio del Ambiente, la autoridad científica de Cites en Perú, su participación en el proceso no ha sido detallada de manera clara.
En medio de cuestionamientos sobre la urgencia y transparencia del proceso, se revela que la propuesta no ha pasado por un análisis de impacto regulatorio, lo que podría limitar la evaluación de posibles repercusiones. Además, se plantea que la supervisión del 100% se mantenga para especies como la caoba y el cedro, mientras que para otras como el shihuahuaco se aplicaría una metodología diferente, lo que ha generado debate sobre la equidad en la aplicación de las normativas.
El gobierno defiende su propuesta argumentando la necesidad de agilizar procesos en una zona crítica como la Amazonía, pero críticos sostienen que esto no debe hacerse a expensas de la protección ambiental y los compromisos internacionales. El proyecto continúa generando tensiones y será sometido a debate en el Congreso en los próximos días, mientras la comunidad ambiental y la sociedad en general siguen de cerca su evolución.
