Por Stakeholders
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Las decisiones recientes del presidente Donald Trump en materia medioambiental están dejando a miles de personas latinas en una situación de creciente vulnerabilidad ante la crisis climática. La paralización de fondos federales, la eliminación de contratos y el debilitamiento de agencias clave están generando un impacto directo en las comunidades más expuestas del país.
A partir del 20 de enero, con la firma de la orden ejecutiva “Liberar la energía estadounidense”, el gobierno federal congeló recursos clave destinados a agencias climáticas, proyectos de energía limpia y programas de justicia ambiental. Como resultado de esta decisión, Climate Power En Acción estima que la Administración intenta privar a las comunidades latinas de todo el país de más de 2.370 millones de dólares en inversiones, debilitando iniciativas esenciales para su protección frente a la crisis climática.
Un caso reportado por Climate Power En Acción detalla la pérdida de 1,9 millones de dólares por parte de una organización en Arizona, lo que forzó la cancelación total de programas ya organizados. La incertidumbre generada por estos recortes ha obligado a muchas entidades comunitarias a replantear su trabajo en zonas vulnerables, suspendiendo actividades clave de divulgación, educación ambiental y preparación frente a desastres.
Impacto social y económico
La cancelación de 43 préstamos y contratos federales dirigidos a poblaciones latinas también ha afectado iniciativas clave, como subsidios para reducir emisiones, fondos de emergencia alimentaria y redes de refugio climático. Entre los casos más destacados figura la rescisión de un contrato de 7,5 millones de dólares entre el Servicio Forestal y la Red Hispana de Comunicaciones.
Además, agencias como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Forestal han sufrido despidos abruptos, limitando su capacidad de monitoreo y respuesta ante eventos extremos como huracanes o incendios forestales. Estos recortes debilitan la infraestructura pública diseñada para proteger a quienes más lo necesitan.
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En un contexto de aumento de fenómenos climáticos extremos, las comunidades latinas —muchas de ellas en zonas de riesgo y con menor acceso a recursos— enfrentan un escenario doblemente adverso: el del cambio climático y el del desmantelamiento institucional.
El abandono de estos programas no solo frena el avance hacia una justicia ambiental inclusiva, sino que expone a miles de personas a mayores peligros sin las herramientas necesarias para enfrentarlos. Frente a esta situación, se vuelve urgente reactivar políticas públicas que prioricen la protección de las comunidades más vulnerables.
