Una delegación de expertos en representación de Perú expuso la necesidad de incorporar los delitos aduaneros en la Ley Especial contra el Crimen Organizado para hacer frente a las organizaciones transnacionales ilícitas.

La propuesta trascendió durante el VII Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC) realizado en Honduras, y en el que coincidieron representantes de los sectores público y privado de 9 países latinoamericanos.

En representación del país participaron Jyns Ordóñez, intendente nacional de Control Aduanero de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), y el coronel Gregorio Conde, jefe de Planeamiento Operativo de la Dirección de Policía Fiscal del Perú.  

Según Conde, la inclusión de estos delitos en la Ley del Crimen Organizado generaría “mayores herramientas, como el levantamiento del secreto bancario, las interceptaciones telefónicas y otros procedimientos para investigar a estas organizaciones criminales dedicadas al contrabando”.

A su turno, Ordóñez explicó que hay muchos ilícitos conexos al comercio exterior, como el lavado de activos y las actividades ilegales de minería, pesca y tala de bosques.

“Cada hallazgo de contrabando por un monto significativo no es el fin en sí mismo, sino el inicio de una investigación porque detrás hay organización, gente que se ha preparado para vulnerar al Estado”, dijo.

Según cifras de ALAC, en América Latina se mueven cada año USD 210 mil millones en productos ilegales de comercio ilícito en sectores como textiles, medicamentos, bebidas y alimentos, cigarrillos, cosméticos, juguetería, electrónicos. Este dinamismo ilegal genera grandes impactos en la economía y la seguridad ciudadana.







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