Por Stakeholders
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Conocida la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República Pedro Castillo debido a graves hechos de corrupción, diversos gremios empresariales del Perú se pronunciaron para pedir que el Congreso de la República evalúe cuanto antes dicha denuncia. También señalaron que la gestión pública debe realizarse en un marco de transparencia y sin corrupción.
La Asociación Empresarial IPAE invocó al Congreso de la República a priorizar la pronta resolución de esta grave denuncia. «[Debe] resolver conforme al ordenamiento jurídico y con el fin último de servir a la ciudadanía y defender la democracia, la institucionalidad y separación de poderes en nuestro país», dijeron.
El gremio empresarial exhortó a la ciudadanía, a la academia y a los líderes políticos a levantar su voz «para que de una vez por todas nos sumemos, juntos, a la lucha contra la corrupción, se esclarezcan los hechos y se definan responsabilidades y podamos reconstruir una administración pública eficaz y transparente».
En el mismo sentido se pronunció también la Confiep, que indicó que «es deber de todos los peruanos respetar la institucionalidad del sistema de justicia». «Exhortamos al Poder Ejecutivo a facilitar las investigaciones para que se realicen con transparencia y sin obstrucción a la justicia», solicitó el gremio empresarial, al tiempo que señaló que la lucha contra la corrupción debe ser frontal, «venga de donde venga».
Otras voces
Por su parte, la Cámara de Comercio de Lima precisó que el Congreso deberá resolver dicha denuncia de acuerdo al marco constitucional vigente y a los convenios internacionales suscritos por el Perú. “Para la Cámara de Comercio de Lima es indispensable que el ejercicio político sea realice con integridad y, por ello, reiteramos nuestro rechazo a todo acto de corrupción y exigimos a los involucrados la mayor transparencia y colaboración con la justicia”, señaló.
Asimismo, expresó su respaldo a la labor que vienen realizando la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial y exigió que se brinden las garantías necesarias para que las autoridades puedan cumplir su labor sin interferencias.
Mientras tanto, Perú Sostenible exigió el respeto a la institucionalidad del Ministerio Público «y condenamos cualquier indicio de corrupción, ya que atentan directamente contra el ODS 16: «paz, justicia e instituciones sólidas» e impiden el desarrollo sostenible de nuestro país».
