Por Stakeholders
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En una decisión clave para impulsar el desarrollo sostenible del país, el Gobierno peruano oficializó la creación de una Comisión Multisectorial encargada de elaborar la Taxonomía de Finanzas Verdes, una herramienta que permitirá clasificar e identificar las actividades económicas ambientalmente sostenibles, alineadas con los compromisos climáticos y de biodiversidad del Perú.
Esta comisión, liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), contará con la participación activa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), junto a otras entidades públicas y equipos técnicos especializados que podrán sumarse para cumplir con el encargo. Su vigencia se extiende hasta julio de 2026, pero el grueso de su tarea deberá completarse en el primer año.
La medida deriva de la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes para el Perú, publicada en 2023, y representa un paso decisivo hacia la institucionalización de un marco técnico y regulatorio que oriente la inversión pública y privada hacia actividades con impacto ambiental positivo. Esta hoja de ruta establece lineamientos claros para que empresas del sistema financiero, asegurador, bursátil y otros actores —incluidos aquellos no regulados— incorporen criterios de sostenibilidad en sus decisiones estratégicas, operativas y de divulgación.
¿Qué implica una taxonomía verde?
La taxonomía verde es una herramienta técnica que establece qué actividades económicas pueden considerarse ambientalmente sostenibles. Su función es ofrecer criterios claros y objetivos que faciliten la toma de decisiones tanto para inversionistas como para entidades públicas y privadas. En términos simples, es una “clasificación oficial” que delimita qué se entiende por finanzas verdes dentro del país.
Actualmente, varios países —como la Unión Europea, Chile o Colombia— han avanzado en la construcción de sus propias taxonomías, entendiendo que éstas son claves para canalizar capital hacia sectores que contribuyen activamente a la mitigación del cambio climático, la protección de la biodiversidad y la economía circular.
En el caso del Perú, se espera que esta clasificación sirva como una hoja de ruta para impulsar proyectos de conservación, energías limpias, agricultura sostenible, infraestructura resiliente, reducción de emisiones, gestión del agua y reciclaje, entre otros sectores. También busca evitar el “greenwashing” o falsas promesas de sostenibilidad sin respaldo técnico.
Un enfoque transversal de finanzas verdes
Según el decreto supremo que crea la comisión, sus funciones principales serán elaborar un diagnóstico de la situación actual y formular un informe técnico con la propuesta de taxonomía. Estos documentos deberán ser presentados ante el Despacho Ministerial del MEF para su revisión y aprobación. En paralelo, la comisión podrá formar equipos técnicos para abordar temas especializados o complejos que surjan durante la elaboración.
Las Finanzas Verdes, por definición, buscan movilizar capital hacia inversiones que no solo generen rentabilidad, sino que también contribuyan a objetivos ambientales. Esto incluye actividades orientadas a la recuperación de ecosistemas, la reducción de la contaminación del aire, agua y suelo, el impulso de bionegocios, la gestión eficiente de recursos naturales y el financiamiento climático.
El desarrollo de una taxonomía propia es un hito importante en la arquitectura financiera del país. A largo plazo, permitirá que las decisiones de inversión —tanto desde el sector público como el privado— se alineen con los compromisos internacionales del Perú, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Política Nacional del Ambiente al 2030 y las metas del Acuerdo de París.
Sobre la Hoja de Ruta
La Hoja de Ruta de Finanzas Verdes que está implementando el Ministerio del Ambiente (Minam) a nivel nacional permitirá movilizar alrededor de $ 5800 millones al año 2030, para ejecutar actividades que generen impacto ambiental positivo como aquellas vinculadas a las medidas de adaptación ante el cambio climático, según el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Así lo sostuvo el director general de Economía y Financiamiento Ambiental de dicho sector, Elvis García, quien explicó que dicho monto es equivalente al 5 % de los recursos del sector financiero privado hacia iniciativas ambientales (3,1 % del Producto Bruto Interno del Perú).