Por Osmaro Villanueva
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Con más de 399 mil megavatios (MW) de potencial solar y un escenario global que exige fuentes limpias, Perú tiene una oportunidad histórica para acelerar su transformación energética. Ricardo Tapia, recientemente nombrado presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR), apuesta por consolidar un modelo basado en sostenibilidad, competitividad y certeza regulatoria.
Desde su fundación en 2017, la SPR ha promovido activamente el desarrollo de energías renovables no convencionales como la solar, eólica, biomasa, geotérmica y pequeñas hidroeléctricas. Bajo la presidencia de Ricardo Tapia, la organización se propone no solo continuar ese trabajo, sino también escalarlo con una agenda ambiciosa que responda a las necesidades actuales del sistema energético peruano.
“Queremos acelerar la transformación energética del país de manera ordenada, sostenible y socialmente legitimada”, señala Tapia. Y para lograrlo, la asociación se ha comprometido a impulsar mejoras estructurales, tanto desde el punto de vista normativo como técnico, que aseguren un entorno favorable a la inversión privada y la innovación.
De gran potencial a gran actor
Perú alberga uno de los recursos solares más altos del mundo —entre 5.5 y 6.5 kWh/m²/día—, principalmente en regiones como Arequipa, Moquegua e Ica. Sin embargo, su participación en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) sigue siendo marginal: apenas 2.1% de la generación total. Para Tapia, esto refleja una contradicción que debe ser resuelta.
“Es indispensable corregir las distorsiones que impiden una competencia justa entre tecnologías. Las renovables deben competir en igualdad de condiciones para lograr cerrar esa brecha”, explica. En ese sentido, destaca el trabajo del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Osinergmin en la elaboración de nuevos reglamentos que acompañen la modernización de la Ley 28832, aprobada en diciembre de 2024.
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El reto, sin embargo, no es solo normativo. También es logístico y territorial. La concentración geográfica de los proyectos solares —Arequipa, Moquegua e Ica concentran la mayor parte del desarrollo en curso— genera presiones sobre la infraestructura de transmisión y obstáculos en el acceso a terrenos.
“Necesitamos una planificación eléctrica descentralizada y una reunión de alto nivel entre las entidades competentes para facilitar la obtención de derechos sobre terrenos. Sin predictibilidad ni certeza jurídica, no habrá inversión”, remarca.
Avances que deben consolidarse para la transición energética
Pese a las trabas, hay señales positivas. En 2024, la generación solar aumentó en un 32% frente al año anterior. Tapia atribuye este repunte a la alta productividad del recurso solar peruano, pero también a una mayor madurez del sector. “Para mantener la tendencia al alza, necesitamos condiciones de mercado que reflejen los costos reales de generación y licitaciones que consideren el valor ambiental de las renovables”, agrega.
Desde la SPR, ya se vienen sosteniendo diálogos técnicos con el Minem y Osinergmin para asegurar que los nuevos criterios de diseño de subastas energéticas promuevan modularidad, previsibilidad y sostenibilidad. Además, se está impulsando el reconocimiento normativo del almacenamiento energético como un activo estratégico, con miras a su incorporación en el reglamento del mercado de servicios complementarios que se espera para octubre próximo.
Sobre los beneficios concretos, Tapia señala que la incorporación de nuevos proyectos solares permitirá reducir la dependencia de combustibles fósiles, contener el alza de los precios de generación —según Osinergmin— y mejorar la resiliencia de la matriz eléctrica. De hecho, entre los años 2024 y 2026 se prevé la adición de 1,773 MW de capacidad solar.
El Estado, el mercado y el financiamiento
Uno de los principales desafíos, asegura Tapia, es la lentitud en los procesos administrativos. “Hay que revisar los permisos ambientales, derechos sobre terrenos públicos y plazos. Proponemos criterios técnicos objetivos y marcos jurídicos estables que eviten la discrecionalidad”, sostiene. “Un Estado moderno es fundamental para lograr un país moderno”, agrega, en una clara alusión a la necesidad de una reforma institucional más amplia.
En paralelo, el acceso al financiamiento verde también enfrenta obstáculos. Si bien existe un interés creciente del sector financiero, aún persiste una percepción de alto riesgo regulatorio. “Requerimos un entorno más predecible y mecanismos que valoren los atributos ambientales. Perú necesita ser un destino confiable para la inversión sostenible”, indica.
El rol de la SPR, en ese contexto, va más allá de la interlocución técnica con el Estado. También busca conectar la oferta renovable con la demanda emergente, particularmente en sectores como minería, agroindustria, retail e industria, donde ya se percibe un creciente interés por adoptar energía limpia.
Hacia una hoja de ruta de largo plazo
Un tema pendiente que Tapia considera urgente es la elaboración de una hoja de ruta formal para la transición energética del país. Aunque existen iniciativas dispersas, no hay un documento rector que articule esfuerzos de los sectores público, privado y académico.
“La SPR está dispuesta a liderar una propuesta multisectorial. Esta hoja de ruta debe ser técnica, ambiciosa y alcanzable, y debe ser liderada por el Estado con aportes de todos los actores”, afirma. La meta es alinear los esfuerzos hacia una visión compartida que posicione al Perú como referente energético en América Latina, al igual que ya lo hacen países como Chile y Brasil.
Un llamado a la inversión para transición energética
De cara al futuro, Tapia se ha propuesto tres grandes objetivos para su gestión en 2025: (i) promover una regulación justa y competitiva, (ii) posicionar a las renovables como motor de desarrollo económico y (iii) acelerar la adopción de tecnologías de soporte como almacenamiento y digitalización.
A los inversionistas, les envía un mensaje directo:
«Perú tiene los recursos, el compromiso empresarial y las oportunidades para convertirse en un hub regional. No estamos entre los primeros países del Índice de Transición Energética, pero podemos lograrlo. Lo que falta es una decisión política clara».
En un contexto donde la demanda eléctrica crece, la generación del SEIN ha caído (-1.3% en febrero de 2025) y los efectos del cambio climático exigen una transformación urgente, las energías renovables aparecen como una respuesta estratégica.
