Por Stakeholders
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Al menos 20 líderes indígenas de Ucayali están en peligro de muerte, así lo registró el Observatorio para Defensores Indígenas de Derechos Humanos en Ucayali y Huánuco, que monitorea IDL. A pesar de ser reconocidos como defensores de derechos humanos están expuestos ante “una muerte segura”
Las víctimas reciben amenazas, agresiones con armas de fuego, criminalización, acoso y quema de sus viviendas por defender sus territorios ante la delincuencia organizada.
A pesar de que el Ministerio de Justicia conoce el caso, no ha establecido políticas claras y efectivas para protegerlos.
“Hasta cuándo vamos a seguir pidiendo al Estado políticas públicas que garanticen la seguridad de los líderes indígenas. Nos encontramos ante una muerte segura. No solo yo, está el caso de los líderes de las comunidades de Santa Clara de Uchunya, de Flor de Ucayali y otros”, expresó Berlín Diques, el presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y defensor de los derechos humanos.
Y es que hace dos años, desconocidos confundieron a Diques con el administrador de ORAU, a quien le dispararon en la pierna. Por la tarde, recibieron un mensaje escrito que decía que el próximo objetivo era el dirigente. Esta situación lo obligó a huir a otro lugar junto con su familia por muchos meses.
Berlín Diques exige al Estado que tomen acciones más claras porque teme que las amenazas se concreten. “Soy líder de una organización que agrupa a más de 20 pueblos indígenas de Ucayali y estamos a la vista de todos”, alertó
Por su parte, Álvaro Másquez, abogado encargado del monitoreo, mencionó que hay una red de organizaciones criminales que vienen operando para lucrar con las tierras de los pueblos shipibo-konibo y kakataibo. La lista de víctimas de amenazas de muerte es larga. Incluso, hay casos de quema de viviendas, como ocurre en la comunidad Santa Clara de Uchunya”, sostuvo.
Cabe destacar que Ucayali es la región más perjudicada por la violencia contra los pueblos indígenas, debido al incremento de deforestación vinculado al cultivo de hoja de coca y a actividades de tala ilegal, la presión para ocupar territorios indígenas ha significado amenazas, ataques y asesinatos.
