Los gobiernos locales destinan la mayor cantidad de recursos del canon minero a áreas como transporte (23 %) y planeamiento (17 %), señala un estudio de Videnza. 

Si bien los ingresos por canon minero marcan un récord histórico en lo que va del año al superar los S/ 10 mil millones, la responsabilidad del gasto eficiente de los mismos radica en el nivel de ejecución de las autoridades provinciales y distritales recientemente elegidas.

Un estudio de Videnza Consultores realizado en diez regiones mineras peruanas reveló que los gobiernos locales destinan la mayor cantidad de recursos del canon minero a áreas como transporte (23%) y planeamiento (17%), dejando de lado la salud (3%) y educación (9%) en las zonas de influencia de la minería.

“Es preocupante que estos recursos que deberían generar un impacto positivo en la población se destinen a obras improductivas que no cubren las necesidades básicas de las comunidades. En el caso de la región Ayacucho, donde operamos varias unidades mineras, deberían implementarse mayores proyectos de desarrollo, pero la situación es más precaria que en otras regiones que carecen de ingresos provenientes de la minería”, expuso Guillermo Shinno, Gerente General de Minera Apumayo y ex viceministro de minas.

El Gobierno Regional de Ayacucho, por ejemplo, recibió en los últimos 4 años más de S/ 54 millones por concepto de canon y regalías. Sin embargo, solo el 26% de los ciudadanos tienen acceso a todos los servicios básicos como agua, desagüe, electrificación, telefonía e internet; mientras que el promedio nacional es de 46%.

Según los criterios y porcentajes de distribución del canon minero que establece el Ministerio de Economía, el 100% proviene de cada región en la que se explotan los recursos naturales. De ese porcentaje, un 10% se dirige a los gobiernos locales de la municipalidad o municipalidades, el 25% se destina a los gobiernos de las municipalidades distritales y provinciales, un 40% se reparte entre los gobiernos locales ubicados dentro del departamento donde se ubica la unidad minera y el 25% restante es para los gobiernos regionales.

Otro de los principales problemas, además de la ejecución del gasto, es la poca capacidad de inversión de los gobiernos locales que se convierte en un escenario propenso a la corrupción.

“Según las últimas estadísticas, menos del 50% de estos recursos son utilizados por los gobiernos locales y regionales, y la Contraloría ha estimado que más de S/. 20,000 millones se pierden en corrupción cada año, por lo que la población debe pedirles cuentas a sus autoridades, exigiéndoles el uso eficiente y productivo de ese dinero”, recomendó el Gerente General de la empresa minera de capitales peruanos.

Un reciente análisis realizado por Servir arrojó que, del total de los funcionarios públicos a su cargo, solo el 1% tiene competencias suficientes para ejecutar su labor, por lo cual es imperativo el compromiso de la ciudadanía para fiscalizar la inversión adecuada de los recursos provenientes de la minería.







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