Por Stakeholders
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Hace un año, 23 escolares de Cabana, Puno, sufrieron una intoxicación masiva tras consumir alimentos adquiridos a través del programa Qali Warma (ahora Wasi Mikuna). A pesar del paso del tiempo, el caso sigue sin responsables, lo que ha generado indignación entre las familias y la sociedad.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció en una reunión virtual con los padres afectados que el expediente será trasladado a Lima, específicamente a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La medida surge luego de que la fiscal de Juliaca, Beatriz Cahuari Durand, no lograra identificar a los responsables, a pesar de haberse concedido varias ampliaciones de plazo.
El incidente se remonta al 25 de marzo de 2024, cuando un desayuno en el Colegio Gamaliel Churata incluyó arroz chaufa con pollo en conserva de la marca Don Simón, producto fabricado por Frigoinca. Aunque las madres confirmaron que utilizaron dicha conserva en la preparación de las raciones, estudios de laboratorio presentados por la misma empresa aseguraban la inocuidad del producto. Un informe adicional de la Dirección Regional de Salud de Puno, encabezado por Ronald Loza Machicao, descartaba al alimento y sugería que el agua de pozo era la causante de los malestares.
No obstante, investigaciones periodísticas han revelado presuntos sobornos a funcionarios de la Dirección Regional de Salud y de Qali Warma, con el objetivo de encubrir la responsabilidad de Frigoinca. Mientras tanto, a pesar de las denuncias y la gravedad del suceso, las autoridades y el exministro Julio Demartini no ordenaron el retiro inmediato de las conservas, permitiendo que el producto siguiera distribuyéndose.
Deuda de Qali Warma en Puno
La situación se agrava con la negativa de las autoridades a entregar a las familias las historias clínicas de los niños afectados, documentos cruciales para demostrar el origen de la intoxicación. En febrero de este año, 10 de los escolares fueron trasladados a Lima en lo que se presentó como un gesto de solidaridad, pero que muchos interpretaron como insuficiente ante la falta de respuestas.
Con el expediente ahora en manos de la Fiscalía Especializada en Lima, las familias mantienen la esperanza de que se esclarezca la verdad y se haga justicia en un caso que ha dejado una profunda herida en la comunidad. La investigación, marcada por múltiples retrasos y evidencias de encubrimiento, sigue siendo un recordatorio de la urgente necesidad de transparencia y rendición de cuentas en los mecanismos de control de alimentos y en la gestión de programas sociales.
