Por Stakeholders
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Desde primeras horas de este lunes, varias empresas de transporte (entre ellas Etuchisa, Sesosa, Lorito, El Rápido y Vipusa) han suspendido sus servicios en protesta por el asesinato de Loymer Noé, conductor de Etuchisa, ocurrido el pasado viernes en Los Olivos. La movilización, que tiene una clara impronta en la búsqueda de justicia y seguridad, se ha convertido en un llamado a fortalecer la sostenibilidad social y operativa del sistema de transporte en Lima.
Un recorrido de reclamo y conciencia
Con ollas, pancartas y consignas, los transportistas han iniciado una marcha que se dirige al Congreso, recorriendo desde el puente Caquetá —en el límite entre SMP y el Cercado de Lima— hasta el kilómetro 10 de la Panamericana Norte. La protesta, que transcurre de manera pacífica y organizada, busca que las autoridades respondan de forma efectiva a la creciente inseguridad que afecta no solo a sus trabajadores, sino a toda la comunidad urbana.
La caravana, en la que participan ocho unidades de Etuchisa, se desplaza de la mano de la solidaridad y el compromiso con un transporte digno y sostenible. Aunque la manifestación ha ocupado un carril en la vía, el tránsito vehicular continúa sin mayores contratiempos, lo que evidencia la coordinación entre los diferentes actores del sector.
Un sistema de transporte sostenible en riesgo
La situación trasciende la mera protesta laboral. Los transportistas resaltan que la seguridad de los conductores es un pilar fundamental para lograr un sistema de movilidad sostenible. La violencia y la impunidad no solo afectan la integridad de quienes laboran en el sector, sino que también ponen en jaque el desarrollo urbano y la calidad de vida de los ciudadanos.
El hecho de que la protesta se articule en un contexto en el que el servicio público de transporte —como el Metropolitano y los corredores complementarios— opera con planes de contingencia, refuerza la necesidad de políticas que integren la seguridad, la movilidad y la sostenibilidad social. Con una operatividad del 100% en algunas zonas y ajustes en otras, la ATU ha asegurado que se busca minimizar el impacto en la ciudadanía, mientras se atiende la demanda en horas pico.
Reacciones institucionales y el llamado a la acción
En respuesta a la protesta, diversas universidades de Lima, entre ellas la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, han optado por flexibilizar horarios y, en algunos casos, migrar a actividades virtuales, con el fin de minimizar la afectación en el traslado de sus comunidades. Esta medida destaca cómo la movilidad y la seguridad son componentes esenciales para la sostenibilidad educativa y social.
Testimonios de vecinos y expertos en movilidad urbana señalan que, en un entorno sostenible, la protección de los trabajadores es tan vital como el impulso de tecnologías limpias y la eficiencia en el transporte público. El respeto y la seguridad de los transportistas son, en última instancia, la base para construir ciudades resilientes y equitativas, en las que cada ciudadano pueda desplazarse con garantías.
El desafío hacia un transporte urbano integrado
La protesta de hoy se convierte en un hito que trasciende las demandas inmediatas por justicia; es también un llamado a repensar el sistema de transporte urbano bajo un enfoque de sostenibilidad integral. En este nuevo paradigma, la seguridad de los conductores y la eficiencia operativa se conjugan con iniciativas de innovación, como la implementación de tecnologías de movilidad inteligente y la promoción de alternativas ecológicas que reduzcan la huella ambiental de la ciudad.
Ante el dolor de la pérdida y la urgente necesidad de garantizar la seguridad, los transportistas insisten en que el camino hacia un sistema de transporte sostenible pasa, primero, por el reconocimiento y protección de quienes lo hacen posible día a día. Con la mirada puesta en el futuro, la comunidad exige respuestas que permitan transformar el sistema en un modelo ejemplar de resiliencia y equidad urbana.
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