Por Stakeholders
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Tres agencias del Sistema de Naciones Unidas en Perú, UNICEF, UNFPA y la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC), expresaron su profunda preocupación por la reciente promulgación de la Ley N.º 32330, que reduce la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años.
En un comunicado conjunto, las entidades instaron al Estado peruano a reflexionar sobre esta decisión y recordaron que dicha medida contradice los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional ratificado por el país.
Según las agencias firmantes, la nueva ley no solo representa un retroceso en el respeto a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, sino que también podría ser contraproducente en términos de seguridad ciudadana.
Citan estadísticas oficiales que indican que el 98 % de los delitos registrados en el país son cometidos por adultos, por lo que reducir la edad penal no tendría un impacto significativo en la disminución de la criminalidad.
“Por el contrario”, advierten, “la ley aprobada incrementa el riesgo de que adolescentes que cumplan penas junto a adultos sean influenciados por su entorno, dificultando su rehabilitación social y aumentando la probabilidad de reincidencia delictiva”.
El riesgo de vulnerar la justicia juvenil
El comunicado enfatiza que, si bien es legítimo que los Estados busquen mantener la seguridad pública, este objetivo debe alcanzarse en el marco de sus obligaciones internacionales, en especial las relacionadas con la justicia juvenil.
El Comité de Derechos del Niño establece que los adolescentes deben recibir un tratamiento diferenciado que considere su desarrollo físico, emocional y social, y que, en caso de ser privados de libertad, deben estar siempre separados de los adultos.
En ese sentido, las agencias recuerdan que la Convención obliga a los Estados a implementar leyes, políticas e instituciones especializadas que permitan abordar de forma integral los conflictos con la ley penal por parte de menores de edad.
Esto incluye procedimientos que garanticen no solo un juicio justo, sino también procesos de reintegración y rehabilitación efectivos.
Políticas públicas en riesgo
Las Naciones Unidas reconocen que el Estado peruano ha avanzado en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia mediante políticas como la “Política nacional del adolescente en riesgo y en conflicto con la ley penal al 2030”, que promueve la prevención del delito, la mejora del sistema de justicia juvenil y la reinserción social. No obstante, alertan que la nueva ley puede contradecir estos lineamientos y socavar el progreso alcanzado.
Por ello, hacen un llamado a los poderes del Estado a considerar la derogación de la Ley N.º 32330, y a fortalecer el sistema de justicia penal juvenil con recursos técnicos y económicos que permitan responder de manera efectiva y respetuosa de los derechos humanos a los desafíos de la seguridad ciudadana.
“Reafirmamos nuestra solidaridad con la sociedad peruana, especialmente con las familias afectadas por la violencia”, concluye el comunicado. “Ponemos a disposición del Estado peruano nuestro apoyo técnico para encontrar soluciones conjuntas y sostenibles”.
