Por Stakeholders
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Más de 2.5 millones de toneladas de alimentos se desperdician cada año en todo el mundo, de las cuales 7.7 millones de toneladas provienen de España, así lo advirtió Marie Lindström directora en España de Good to Go.
Este desperdicio alimentario “no solo representa una pérdida económica de 1.2 billones de dólares, sino que también afecta a la hambruna de 828 millones de personas en el mundo y contribuye al cambio climático debido a las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Ante este panorama, existen países que buscan reducir el desperdicio alimentario a través de las leyes. Ese es el caso de Bruselas quien espera disminuir los residuos en un 30 % per cápita en supermercados, restaurantes y hogares, además de un 10 % adicional en el ámbito de la manufactura y el procesado.
No obstante, el adelanto electoral frenó la tramitación parlamentaria de esta Ley, que se alinea con la propuesta de la Comisión Europea de proponer objetivos jurídicamente vinculantes para reducir el desperdicio.
“Si se hubiera aprobado, nos hubiéramos posicionado como el tercer país de la Unión Europea que aprueba una normativa a nivel nacional que implica y marca la dirección a seguir para todos los operadores y actores de la cadena de valor. Ahora, con los objetivos propuestos por la UE, se torna más importante que nunca luchar para que todos los esfuerzos puestos en esta ley no queden en el olvido”, añadió.
Por ello Marie Lindström considera que la próxima legislatura será clave para cumplir los compromisos internacionales sobre la materia y la agenda 2030, porque “el problema del desperdicio alimentario no entiende de ideologías políticas ni de cambios de gobierno; es un reto que debe comprometer a todo el país”, señaló.
