La hoja de ruta para la próxima década de empresas y derechos humanos cuenta con ocho áreas de acción para apoyar la urgente necesidad de “empleos coherentes”, según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. 

La primera área de acción se basa en la reafirmación de que los Principios Rectores son la principal herramienta para lograr cumplir los desafíos globales. Mediante su aplicación, se pretende lograr que el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas sea un elemento central de las estrategias de transición justa y desarrollo sostenible.

Para lograrlo, se debe potenciar la acción colectiva para hacer frente a los retos sistémicos, optimizar la transformación digital mediante el respeto de los derechos humanos y garantizar la coherencia y la alineación en el desarrollo de las normas.

Los tres pilares de los Principios Rectores son el deber de protección del Estado, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y la necesidad de acceso a la reparación.

El deber de protección de los Estados es la segunda área de acción señalada en el informe, que llama a reforzar la eficacia de la acción gubernamental y con una completa e inteligente combinación de medidas para fomentar una actividad empresarial responsable que respete los derechos humanos.

La diligencia debida en materia de derechos humanos, en consonancia con los Principios Rectores y aplicada de forma generalizada a todas las funciones y relaciones empresariales, constituye una herramienta esencial para lograr esa mayor coherencia.

Por su parte, la tarea de lograr el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas es enorme, tal y como se resalta en la tercera área de acción. El informe establece como muy necesario el aumento de la aceptación por parte de las empresas de su responsabilidad en este campo y el llevar a la práctica los compromisos de respeto, integrando la diligencia en materia de derechos humanos en los modelos de gobierno corporativo, cuestionando aquellas prácticas empresariales que sean incompatibles con dicho respeto.

La necesidad de que los Estados tomen medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas dentro de su territorio y/o jurisdicción es un componente central de los Principios Rectores, y la necesidad de pasar de la teoría a la práctica real en la lucha contra las barreras de acceso a medidas de reparación destaca como cuarta área de acción del informe.

Por otro lado, dentro de la quinta área de acción y como un tema transversal para apoyar una mejor prevención y reparación, la participación significativa de las partes interesadas debe estar en el centro de las estrategias estatales y comerciales para lograr respuestas legítimas y efectivas para abordar los riesgos e impactos en los derechos humanos en un contexto empresarial.

La necesidad de que los estados tomen medidas para prevenir, castigar y reparar los abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas en su territorio es un componente central de los Principios Rectores.

Mientras que abordar el papel de las empresas es esencial para afrontar los desafíos globales clave, hacer lo propio con el papel del sector financiero es igualmente crítico, dado su rol en el impulso de las economías y el comportamiento de las empresas dentro de ellas. 

Además, hay que sacar partido de la función de diversos ‘moldeadores’ de la práctica comercial dentro de la comunidad empresarial, entendiéndose por ellos desde abogados comerciales hasta otros proveedores de asesoría corporativa, incluidas firmas de contabilidad, auditores, proveedores de aseguramiento y auditoría social, consultorías de gestión y firmas de relaciones públicas.

Su responsabilidad y rol en la realización de mejores procesos y prácticas comerciales que respeten los derechos humanos necesitará, sin duda, de una mayor atención durante la próxima década.







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