Por Stakeholders
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Desde que se inició la pandemia, 29 defensores ambientales y líderes sociales han sido asesinados o desaparecidos en el país, pero apenas se ha identificado a un responsable, según un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) recogido por La República.
De esa cifra, 19 eran indígenas que defendían su territorio de mafias vinculadas a la minería y tala ilegal, narcotráfico y tráfico de tierras. Sus historias de vida, y muerte, son desconocidas para los peruanos. Pero deberían significar mucho.
En el Gobierno de Pedro Castillo ya han sido asesinados 6 defensores; en el de Alejandro Toledo, 17; en el de Alan García, 83; en el de Ollanta Humala, 82; en el de PPK, 15; en el de Martín Vizcarra, 13; en el de Manuel Merino, 2; y en el de Francisco Sagasti, 8, según la CNDDHH.
El Ministerio de Justicia tiene 40.000 soles para medidas de protección, y es solo para pasajes y consultorías. Ellos decidieron, en un ambiente hostil, atravesar la ruta de los que están acabando con los ríos, selvas y páramos del país.
Arbildo Meléndez Grandez, líder indígena de la etnia cacataibo y jefe de la comunidad nativa Unipacuyacu (Huánuco), fue asesinado en abril del 2020. El homicida Redy Ibarra Córdova fue sentenciado a 4 años y 7 meses de prisión. Esa es la única condena de los 29 crímenes cometidos.
Meléndez no solo se enfrentaba a los invasores que ingresaron a su territorio. Su comunidad era víctima del maldito narcotráfico imperante. Solo dos meses antes de su asesinato, había expuesto el problema de su comunidad y las constantes amenazas que recibían ante el relator especial por los derechos humanos de la ONU, Michel Forst.
El 17 de mayo del 2020 también fue asesinado el líder asháninka Gonzalo Pío Flores, defensor de los derechos indígenas y del territorio y líder de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai (distrito de Puerto Bermúdez, ubicado entre las regiones de Pasco, Junín y Ucayali).
La violación de los derechos territoriales siguió cobrando víctimas en el 2021. Estela Casanto Mauricio, lideresa asháninka, fue asesinada por sujetos el 12 de marzo de ese año. Ella era de la comunidad nativa Shankivironi, en el valle del Perené, región Junín. Era una tenaz defensora de la integridad territorial de su comunidad.
Sin embargo, el Estado no hizo nada por proteger las vidas de estos defensores de derechos territoriales, tal como ocurrió con el líder indígena Lucio Pascual Yumanga, victimado en diciembre del 2021.
Visita de Bachelet
Ante esta situación, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizará desde hoy una visita oficial al Perú.
Bachelet sostendrá reuniones sobre los desafíos y oportunidades en materia de derechos humanos con autoridades del Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial.
Lo mismo hará también con representantes de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, defensores de los derechos humanos, el sector privado, y miembros de la comunidad internacional.
