Por Stakeholders
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La comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú ratificó hace una semana la decisión de archivar la resolución ministerial que pedía garantizar la protección de los defensores ambientales a través del Acuerdo de Escazú, decisión con la cual el país se abstiene de ser parte del tratado multilateral.
Los integrantes de la comisión votaron por el archivado con 10 votos a favor, dos en contra y una abstención, con lo cual es la segunda vez desde 2020 que un grupo parlamentario rechaza el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
La legisladora Ruth Luque lamentó en su cuenta de Twitter la decisión de sus colegas parlamentarios pues en su opinión «evidencia desconocimiento del Acuerdo de Escazú».
«Una vez más dando la espalda a defensores ambientales y comunidades indígenas u originarias», expresó Luque.
El denominado Acuerdo de Escazú, por el nombre de la ciudad de Costa Rica donde fue firmado en 2018, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, que entró en vigencia en 2021 y tiene 13 Estados que han ratificado su participación.
En abril pasado, Amnistía Internacional (AI) alertó sobre el creciente clima de hostilidad contra los defensores de la tierra en Perú y pidió al Estado redoblar esfuerzos y recursos para protegerlos y evitar la impunidad de la violencia y vulneración de derechos humanos que enfrentan.
La organización denunció la inacción de las autoridades peruanas para proteger a los defensores ambientales, garantizar la titulación de sus tierras y frenar el avance de las actividades ilegales en sus territorios.
En ese sentido, AI señaló en un comunicado de su directora en Perú, Marina Navarro, que, «al no encarar el crecimiento de actividades ilegales y sus delitos conexos», como la minería ilegal, la tala ilegal o el tráfico de tierras, «el problema se agudiza», especialmente en las selváticas regiones de Ucayali, Amazonas, Junín, Huánuco, Pasco, Madre de Dios y Loreto.
La organización aseguró que, a pesar de la existencia de instrumentos oficiales disponibles para atender las situaciones de riesgo que pueden enfrentar los defensores, la impunidad persiste frente a la violencia.
«Un paso importante es el Acuerdo de Escazú, que no debe esperar más para ser ratificado por el Congreso», manifestó la directora de AI en Perú, tras mencionar que se trata del primer tratado vinculante que incluye medidas específicas para proteger a las personas defensoras de los derechos ambientales.
