Por Eduardo A. Trujillo - Experto independiente en sostenibilidad y gestión de grupos de interés
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La sostenibilidad empresarial entra en un punto de inflexión con los cambios que introduce el Global Reporting Initiative (GRI) hacia 2025. Los nuevos lineamientos exigen que las compañías reporten sus emisiones de Alcance 1, 2 y 3 con datos primarios y trazabilidad verificable. Para países como el Perú, altamente dependiente de sectores extractivos y energéticos, este ajuste constituye un reto significativo: implica fortalecer la recopilación de información en cadenas de suministro dispersas y muchas veces localizadas en zonas rurales y amazónicas, donde predominan proveedores de pequeña escala.
No obstante, este desafío también representa una oportunidad. Al robustecer sus sistemas de gestión de datos, las empresas podrán integrar herramientas tecnológicas, generar confianza con comunidades y autoridades, y consolidar su legitimidad en los mercados. La sostenibilidad deja así de ser un anexo reputacional y pasa a convertirse en un eje estratégico de gobernanza empresarial.
Otro cambio clave es la exigencia de planes de transición y mecanismos de gobernanza climática. Las juntas directivas deberán asumir un rol más activo, diferenciando entre reducciones reales de emisiones, remociones verificadas y compensaciones de carbono. En territorios como la Amazonía, este enfoque permitirá depurar proyectos poco confiables y fortalecer iniciativas que realmente combinen impactos ambientales positivos con beneficios sociales tangibles.
Asimismo, la introducción de métricas energéticas a lo largo de la cadena de valor —desde pérdidas en transmisión eléctrica hasta la dependencia de combustibles fósiles en transporte— plantea una visión sistémica de la transición energética. Para el Perú, donde varias empresas eléctricas estatales aún dependen de hidrocarburos, el reto es grande; pero también lo es el potencial de liderazgo si se aprovecha la ventana 2025-2027 para anticiparse a la obligatoriedad de los estándares.
Holdings estatales: entre la gobernanza y la transición
Un segundo escenario de transformación recae en los holdings estatales, conglomerados que gestionan sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura. La experiencia internacional demuestra que aquellos que se alinean con las prácticas de la OCDE han logrado convertir la sostenibilidad en resiliencia financiera, legitimidad social y acceso a capital global.
Europa marca la pauta. Suecia, Finlandia y Francia han establecido que sus empresas públicas reporten bajo marcos internacionales, definan metas climáticas y vinculen la remuneración de directivos a indicadores de sostenibilidad. En Asia, Temasek (Singapur) implementa un precio interno de carbono y exige planes neto-cero en sus inversiones, mientras Khazanah (Malasia) articula criterios ESG para todas sus decisiones de inversión. En América del Norte, Canadá impulsa el programa Greening Government, que establece objetivos de neutralidad climática para sus corporaciones estatales.
“Para el Perú, donde varias empresas eléctricas estatales aún dependen de hidrocarburos, el reto es grande”.
En América Latina, Chile se mantiene a la vanguardia con el Sistema de Empresas Públicas (SEP) y su Código de Gobernanza. En el Perú, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) ha comenzado a consolidar avances a través de su Código de Gobierno Corporativo y el impulso del Grado de Madurez de la Responsabilidad Social. Estos instrumentos fortalecen la gestión responsable de los holdings estatales y sientan las bases para una política transversal de sostenibilidad, permitiendo que el sector público empresarial lidere con mayor impacto la transición hacia una economía con bajas emisiones.
Un punto de convergencia: Perú y la ventana de oportunidad
La convergencia entre los estándares GRI y la evolución de los holdings estatales es evidente. En un país como el Perú, donde el Estado mantiene participación en sectores clave mediante FONAFE, la implementación temprana de los nuevos estándares —especialmente GRI 102 sobre cambio climático y GRI 103 sobre energía— puede convertirse en una palanca para institucionalizar una gobernanza climática sólida.
Adoptar anticipadamente estos marcos no solo permitirá cumplir con futuras exigencias regulatorias, sino también acceder a financiamiento verde, bonos climáticos y capital internacional en mejores condiciones. Al mismo tiempo, reducirá la exposición a riesgos socioambientales que históricamente han afectado la operación de empresas estatales y privadas.
El reto, sin embargo, consiste en transformar la sostenibilidad en ventaja competitiva y no en mera carga burocrática. Para ello será fundamental fortalecer los sistemas de información, capacitar a las juntas directivas, transparentar la cadena de valor y, sobre todo, vincular la sostenibilidad con el desarrollo territorial. Una transición justa en el Perú exige considerar la reconversión laboral, la inclusión de comunidades indígenas y rurales, y la reducción de brechas sociales tanto como las ambientales.
De la reputación al compromiso estratégico
La sostenibilidad empresarial ya no se mide solo en términos de reputación. Hoy constituye un compromiso estratégico de largo plazo que demanda generar impactos reales y sostener lo esencial incluso en contextos de crisis. La clave radica en una comunicación responsable y transparente, capaz de inspirar confianza y de marcar distancia frente al greenwashing, las donaciones aisladas o las modas pasajeras.
Con la entrada en vigor de los nuevos estándares GRI y las exigencias de la OCDE hacia los holdings estatales, las empresas tienen un mandato claro: integrar la sostenibilidad en el corazón de su estrategia corporativa. Para el Perú, este escenario abre una oportunidad histórica. Si el país aprovecha la ventana de preparación antes de 2027, podrá dejar de ser solo exportador de recursos y proyectarse como referente latinoamericano en prácticas empresariales responsables, con holdings estatales que lideren la transición hacia una economía baja en carbono.
