
En un país donde la informalidad, la desconfianza y la fragmentación del Estado desafían el progreso sostenido, el sector empresarial —y en particular las grandes empresas— ha empezado a ser visto no solo como actor económico, sino como agente de bienestar social. Esta es una de las principales conclusiones del informe «Sostenibilidad en tiempos inciertos: lo que está en juego rumbo al 2026», presentado por APOYO Consultoría.
El estudio revela que aunque las grandes empresas representan apenas el 1 % del total de firmas activas en el Perú, son responsables del 57 % del empleo formal, el 78 % de la recaudación tributaria y generan el 80 % del Producto Bruto Interno (PBI). En un contexto marcado por choques económicos y climáticos recurrentes, su rol no solo se vuelve central, sino también urgente.
Empleo formal como escudo ante la incertidumbre
Uno de los grandes aportes del estudio es mostrar cómo el empleo formal no solo implica estabilidad laboral, sino también un escudo ante las crisis. Según datos de 2024, el cambio de un empleo informal a uno formal puede incrementar los ingresos de los trabajadores en más de 13%, mientras que el tránsito inverso —de formal a informal— implica una pérdida del 17.5 % en promedio.
Estas cifras reflejan el valor de la formalización como una política social indirecta, en la que el sector privado tiene un rol ineludible. En este escenario, las grandes empresas, al emplear a más de la mitad de la fuerza laboral formal del país, actúan como motores de protección económica.
Inclusión financiera como barrera de protección climática
En paralelo al mercado laboral, el acceso al crédito se convierte en un factor clave para la resiliencia de los hogares peruanos. El informe de APOYO muestra que, ante un choque climático —como sequías, inundaciones o plagas—, los ingresos de los hogares sin acceso a crédito pueden caer hasta en un 18 %, mientras que aquellos que sí acceden a financiamiento solo ven una disminución del 6 %.
Esta diferencia no es menor en un país que enfrenta con cada vez mayor frecuencia eventos climáticos extremos. Según los analistas de APOYO, la inclusión financiera no solo debe ser impulsada por bancos y cajas, sino también por las propias empresas a través de beneficios, alianzas y educación financiera para sus trabajadores y proveedores.
Las grandes empresas también pueden mejorar los servicios públicos
Otro hallazgo revelador del informe es el impacto potencial del sector empresarial en la infraestructura del país. A través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), las grandes empresas pueden financiar directamente proyectos de interés público que el Estado no logra ejecutar.
En 2024, la adjudicación de proyectos mediante OxI alcanzó los S/3,000 millones, una cifra que multiplica por seis lo ejecutado en 2023 (S/543 millones). Esto demuestra que la articulación público-privada puede ser efectiva cuando se ejecuta con eficiencia y visión de largo plazo.
No obstante, el reto es enorme: el informe advierte que el 40 % de los proyectos de inversión pública de la última década siguen inconclusos, lo que resalta la urgencia de profesionalizar y acompañar estos procesos con mayor transparencia y medición de impacto.
Sostenibilidad: un terreno aún en construcción
Pese a estos avances, el informe también advierte que el camino hacia una sostenibilidad corporativa robusta sigue en desarrollo. El 52% de los ejecutivos empresariales entrevistados reconocen tener dificultades para medir y demostrar el impacto real de sus proyectos sociales o ambientales, lo que limita la escalabilidad y credibilidad de sus iniciativas.
En este contexto, el enfoque de “doble materialidad” —que considera tanto el impacto de la empresa sobre el entorno como del entorno sobre la empresa— empieza a tomar relevancia, y con ello, la necesidad de que la sostenibilidad deje de ser un anexo reputacional para convertirse en parte del núcleo del modelo de negocio.
Rumbo al 2026 con metas de sostenibilidad
A poco más de un año de un nuevo proceso electoral, el informe de APOYO Consultoría plantea una verdad incómoda pero clara: las condiciones de gobernabilidad en el país seguirán siendo frágiles. Por ello, el rol del sector privado —especialmente de las grandes empresas— se vuelve más estratégico que nunca.
Lejos de su antigua figura de observador pasivo, el nuevo perfil empresarial es el de actor corresponsable del desarrollo nacional, con poder para dinamizar el empleo, formalizar la economía, facilitar el acceso al crédito, contribuir a la infraestructura pública y consolidar una cultura de sostenibilidad basada en evidencia.
«El Perú necesita liderazgo empresarial, no solo económico, sino social y ambiental. Y ese liderazgo ya no es opcional«, resaltó José Carlos Saavedra, Socio y economista principal de APOYO Consultoría.