Por Stakeholders
Lectura de:
Beatriz De la Vega
Socia de Tax Advisory y Líder de Energía &
Recursos Naturales de KPMG en Perú
Como es conocido, el Perú viene enfrentando importantes brechas en infraestructura que afectan a buena parte de su población. Por ejemplo, en 2015, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), dicha brecha se extendió en más de US$160,000 millones, casi el 80% del PBI nacional. A ello se sumaría la baja capacidad de las diversas entidades del Estado Peruano al ejecutar la inversión pública.
Frente a esta situación, el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) surgió el 2008 con un enfoque innovador para acelerar la creación y ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura. El sistema permite a las empresas privadas “pagar” sus impuestos a la renta (IR), mediante la ejecución de proyectos de obras públicas.
En efecto, a través de OxI, una empresa se compromete a financiar y ejecutar proyectos priorizados por las respectivas entidades del Estado, en armonía con sus políticas y planes de desarrollo. Así, recupera el monto invertido mediante Certificados de Inversión Pública Regional y Local o Nacional (CIPRL), emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tienen efecto cancelatorio contra el pago de su IR resultante.
Los gobiernos regionales y locales financian los CIPRL con cargo a recursos provenientes del canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, señalados por el MEF. Por su parte, las entidades públicas del Gobierno Nacional emiten Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional – Tesoro Público (CIPGN) financiados con cargo a los recursos ordinarios, directamente recaudados o determinados, según corresponda.
Estudios realizados por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) revelan importantes reducciones de tiempo al invertir a través de este mecanismo, que varían entre 12% y 67% menos que el de proyectos manejados tradicionalmente y es atribuible principalmente a la mayor agilidad de los estudios de ingeniería.
Cabe destacar que la ley permite a las empresas financiadoras recalcular y reformular el estudio de inversión del proyecto, lo que reduce significativamente riesgos de sobrecostos y retrasos y, ya que al emprender una OxI ponen en juego su prestigio, el riesgo reputacional proporciona un incentivo para completarlas de manera eficiente. Además, bajo este mecanismo, las empresas también se benefician con mejores obras y servicios públicos en sus zonas de operación o influencia.
Desde su creación en 2008, las OxI han significado S/6,354.05 millones en inversión y han beneficiado a casi 19 459 541 personas a nivel nacional, según el Listado de Proyectos Adjudicados y Concluidos Mediante Obras por Impuestos 2009 – 2021 de Proinversión al 24 de noviembre de este año. Asimismo, se prevé un repunte de las adjudicaciones en 2022, concentradas en el sector educación (29%), saneamiento (24%) y agricultura (17%). De estos proyectos destacan 31 por más de S/500 millones, a la espera de las cartas de intención de las empresas para su convocatoria y adjudicación en los próximos meses.
El atractivo de las OxI se deriva de su capacidad para alinear los incentivos del sector público y privado para proyectos con mayor calidad y eficiencia.
Beatriz De la Vega, Socia de Tax Advisory y Líder de Energía & Recursos Naturales de KPMG en Perú
Sin lugar a duda, este mecanismo representa una de las principales innovaciones en política pública implementadas en Perú durante los últimos años. Aparece como una herramienta útil para llevar adelante proyectos de inversión estatal y para superar los problemas que actualmente enfrenta la contratación pública tradicional.
El atractivo de las OxI se deriva de su capacidad para alinear los incentivos del sector público y privado para proyectos con mayor calidad y eficiencia. Este mecanismo tiene un gran potencial de replicación en otros países de mercados emergentes con obstáculos similares a la inversión en infraestructura, siempre y cuando los gobiernos estén abiertos a entablar una comunicación abierta y bidireccional con la empresa privada. Así, en el 2017, Colombia incorporo este mecanismo para las zonas mas afectadas por violencia y pobreza.
