Por Stakeholders
Lectura de:
El volumen de oro ilegal exportado desde Perú ha experimentado un incremento considerable, multiplicándose por siete en los últimos 18 años, de acuerdo con un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Este análisis, presentado en el XV Encuentro Internacional de Minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), revela un panorama alarmante sobre la minería ilegal en el país y su impacto regional.
Carlos Gallardo, gerente general del IPE, resaltó que “el 45% del oro exportado desde Perú tiene origen ilegal. En el ranking de países exportadores de oro ilegal, Perú es seguido por Brasil (18%), Colombia (17%), Bolivia (13%) y Ecuador (7%)”.
El economista también señaló que la minería ilegal está estrechamente vinculada al crimen organizado transnacional y a delitos como la trata de personas, contrabando y extorsión. “La minería ilegal se adapta de diversas maneras. Ya no necesitan ingresarlo por contrabando de la manera tradicional, sino que hay toda una cadena funcionando alrededor de este contrabando y se está registrando”, explicó.
Respecto a la contaminación, la minería de oro artesanal es responsable de casi el 40% de las emisiones globales de mercurio, con consecuencias ambientales devastadoras. En los últimos cinco años, esta actividad ha deforestado más de 120 mil hectáreas en Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. Estos datos ponen de relieve la urgencia de abordar la minería ilegal no solo como un problema económico y social, sino también como una crisis ambiental.
El informe también resalta que la minería ilegal es un problema regional, ya que gran parte de esta actividad ocurre en áreas fronterizas, facilitando el contrabando de minerales e insumos. La falta de coordinación y políticas homogéneas entre los países de la región agrava la situación.
La mayoría de los países latinoamericanos define la minería ilegal como aquella realizada sin los permisos necesarios y en zonas prohibidas. Ante ello, Gallardo propone varias medidas para combatir este problema. Estas incluyen acciones de interdicción permanentes, coordinadas y estratégicas; políticas de formalización con plazos estrictos y efectivos; y la implementación de una política integral de trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro del oro.
