Por Stakeholders
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La posición del Gobierno francés respecto a la legalización de la muerte asistida sigue firme. Es por ello que presentó su plan «ayuda a morir», el cual busca ofrecer la posibilidad de que pacientes con enfermedades terminales tengan una muerte digna, bajo una estricta regulación.
El proyecto contempla la posibilidad de administrar una sustancia letal a los adultos que lo soliciten, si corren el riesgo de morir a corto o medio plazo por una enfermedad «incurable» y que provoca dolores que no se pueden tratar.
La medida, avanzada por Macron en marzo, excluye a los menores de edad y a los pacientes que padecen enfermedades psiquiátricas o neurodegenerativas que afectan al discernimiento, como el alzhéimer.
Cuando un paciente solicite esta medida, un médico deberá pronunciarse en un plazo de 15 días, tras consultar con otro doctor y un enfermero, precisó Vautrin.
Líderes religiosos, especialmente católicos y musulmanes, y asociaciones de trabajadores sanitarios, en particular de cuidados paliativos, han expresado su rechazo a este proyecto de ley.
De acuerdo con un estudio de la Sociedad Francesa de Acompañamiento y Cuidados Paliativos publicado por el diario católico ‘La Croix’, un 80% de sus miembros rechazaría «prescribir, suministrar, preparar y/o administrar un producto letal».
Los partidarios de la eutanasia y el suicidio asistido celebraron la presentación finalmente de la ley, aunque criticaron unas condiciones de acceso muy estrictas.
Cabe resaltar que, su aplicación no será rápida. Aunque el Parlamento bicameral francés empezará su examen en mayo, el trámite para su adopción tardaría hasta dos años.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Catherine Vautrin, expresó que «No es ni un nuevo derecho ni una libertad», sino «una respuesta ética a la necesidad de acompañar a los enfermos”.
