Por Stakeholders
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El Congreso de la República desató una polémica al aprobar un proyecto de ley que deroga una disposición dirigida a prevenir la tenencia ilegal de explosivos en actividades mineras. La medida, adoptada con 78 votos a favor, 16 en contra y 11 abstenciones, marca un cambio negativo en la regulación minera del país.
El proyecto de ley (Ley 7278), fue exonerado de una segunda votación y ha generado un intenso debate dentro y fuera del Parlamento. En el centro de la controversia se encuentra la derogación de la disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, originalmente promulgado por el Poder Ejecutivo para abordar la problemática de la tenencia ilegal de explosivos en la minería.
El presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Segundo Quiroz del Bloque Magisterial, ha advertido sobre las implicaciones de esta decisión. Quiroz destacó que la medida derogada afecta directamente los esfuerzos de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, subrayando la complejidad de la situación.
El debate en el Congreso ha revelado discrepancias profundas entre los legisladores. Mientras algunos argumentan que la derogación otorga libertad a la minería informal, otros defienden que es una medida necesaria para combatir el crimen organizado en el sector minero. La congresista Ruth Luque ha sostenido que la regulación previa permitía a la Policía Nacional intervenir en casos de actividades mineras ilícitas, contribuyendo así a la lucha contra el crimen organizado.
La derogación de esta disposición no solo tiene implicaciones legislativas, sino que también plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas para combatir la minería ilegal en el país. Con la eliminación de restricciones en el uso de explosivos, se abre un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y el sector minero, especialmente en lo que respecta a la formalización de las actividades mineras.
Este cambio normativo llega en un momento crucial para la minería en el Perú, cuando el país enfrenta desafíos económicos y sociales. La decisión del Congreso refleja la complejidad de encontrar un equilibrio entre la regulación del sector minero y la promoción del desarrollo económico, mientras se abordan las preocupaciones ambientales y sociales.
