Por Stakeholders
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El sur del Perú dejó de exportar US$ 594 millones en harina y aceite de pescado por demoras en la actualización de la talla de madurez de la anchoveta. Así lo reveló el estudio «Impacto económico del ordenamiento pesquero de la anchoveta en la zona sur» elaborado por la consultora Macroconsult.
En la actualidad, la normativa pesquera del país establece que la talla mínima legal de captura de la anchoveta está vinculada a la madurez de la especie, fijando esta en 12 centímetros. Sin embargo, según datos del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), en la zona sur del país, la talla de madurez de la anchoveta se sitúa en 10.5 centímetros.
La discrepancia entre estas medidas tiene un impacto directo en la actividad pesquera del sur peruano. Mientras que en la zona centro-norte se considera juvenil a la anchoveta hasta los 12 centímetros, en el sur se estaría perjudicando la captura de este recurso, que podría comenzar desde los 10.5 centímetros.
Según los hallazgos de Macroconsult, de haberse adoptado la clasificación de juveniles según el IMARPE, entre 2016 y 2023 se habrían desembarcado 963,000 toneladas adicionales de anchoveta. Esto habría generado la producción de 233,000 toneladas de harina de pescado y 24,000 toneladas de aceite de pescado, equivalente a exportaciones por un valor estimado de US$ 594 millones.
El economista Elmer Cuba, socio de Macroconsult, enfatizó la necesidad de discutir nuevamente este tema. Señaló que la actualización de la talla de la anchoveta requiere una interacción entre entidades públicas como el IMARPE y el Ministerio de la Producción, ya que la falta de acuerdo está resultando en la pérdida de un valor agregado que nadie está recuperando.
El impacto de esta discrepancia normativa va más allá de las pérdidas económicas. También se ha visto reflejado en el empleo del sur peruano, con la falta de generación de 459 puestos de trabajo y un total de S/ 22 millones en salarios entre 2016 y 2023.
La urgencia de abordar esta situación se hace evidente, no solo por las consecuencias económicas y laborales, sino también por la necesidad de establecer políticas pesqueras que sean equitativas y favorezcan el desarrollo sostenible de todas las regiones del país.
