Por Stakeholders
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En un contexto económico donde la Responsabilidad Corporativa se ha posiciona como herramienta clave para la gestión empresarial, el respeto a los derechos humanos…
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El respeto a los derechos humanos es una cuestión indisoluble de la Responsabilidad Corporativa (RC). Este año 2008 la RC se ha ido consolidando entre las grandes empresas y multinacionales como uno de sus más importantes valores de gestión empresarial. Uno de los últimos datos que muestran esta realidad lo aporta AERCE, la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos: el 95% de las grandes empresas españolas ya han instaurado políticas de RC.
“La profesionalización de la Responsabilidad Corporativa entre las empresas globales ha provocado el desarrollo de los Derechos Humanos”. Así lo aseguraba hace ya casi diez años Mary Robinson, por entonces Alta Comisaria para los derechos humanos de la ONU, en su informe de progreso. Las principales organizaciones internacionales que trabajan por la protección de los derechos humanos también coinciden, en su mayoría, en que en los últimos diez años se han observado mejoras en este ámbito dentro del sector privado.
Y es que con la adopción de políticas de RC, las empresas han comenzado a construir un modelo de negocio encaminado hacia la sostenibilidad y, según recoge el informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002, la tesis generalmente aceptada es que “la reducción de la pobreza es esencial para conseguir el desarrollo sostenible, y los derechos humanos son a su vez un componente esencial para reducir la pobreza”. El mismo documento propone que para conseguir estos objetivos se ha comenzar un movimiento común y generalizado.
Unificar el movimiento
Siguiendo esta línea, el representante especial en de la Secretaría General de Naciones Unidas para la cuestión de Derechos Humanos y Corporaciones Transnacionales, Jonh Ruggie, afirma que las acciones emprendidas de forma aislada por distintas empresas multinacionales son positivas, pero se pierden en un contexto de “fuerte competencia”, donde muchas veces las compañías cuentan con filiales o proveedores ubicados en países donde la legislación nacional otorga un nivel de derechos personales inferior al que establece la propia Declaración.
Jonh Ruggie fue designado a este cargo en 2006 por el Kofi Annan, por entonces secretario general de la ONU, con el objetivo de estudiar la relación entre derechos humanos y empresas transnacionales y proponer mejoras para avanzar en la cuestión. La designación de Ruggie venía a cubrir el intento fracasado de la Subcomisión de derechos humanos en esta misma labor.
Tras dos años de trabajo y un par de informes preliminares, en abril de 2008 Ruggie presentó su informe final. Una de las principales aportaciones del documento ha sido la idea de proporcionar un marco general para que gobiernos, tercer sector y empresas puedan avanzar en un mismo sentido.
La llamada a unificar el movimiento que relaciona empresas y derechos humanos es generalizada entre los expertos de la ONU. La misma Mary Robinson es partidaria de que se dejen de crear códigos de conducta para cada empresa, ya que pueden “confundir y diluir los esfuerzos por mejorar los derechos”. Por el contrario, aboga por iniciativas estandarizadas. Las propuestas son diversas: los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas; las directrices para multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); informes y memorias públicas; o proyectos promovidos por determinados sectores empresariales de integración voluntaria, como el Proceso de Kimberley, por el que la industria de los diamantes garantiza que estas piedras preciosas no se han usado como moneda de cambio en conflictos armados ni proceden del tráfico ilegal.
La mayoría de estas iniciativas atienden a un término acuñado por Ruggie: el principio de ‘no hacer perjuicio’. Para Ruggie, “respetar los derechos humanos es, esencialmente, no infringir en los derechos de los otros. Es, simplemente, no hacer perjuicio”.
Esto podría resultar en determinados sectores, pero hay que tener en cuenta que, por la naturaleza del mismo negocio, ciertos sectores económicos son más sensibles en su relación con los derechos humanos. Según el máximo representante de la organización Business and Human Rights (BHR) para Latinoamérica y Oriente Medio, Mauricio Lazala, los sectores “particularmente problemáticos” son minería, petróleo, seguridad privada, textil, agricultura, construcción, electrónica y el financiero.
Casos recientes
Petroleras, mineras, diamantes… el sector que integra las industrias extractivas es uno de los que acumula más denuncias por abusos a los derechos humanos. La naturaleza de su actividad económica y las zonas donde se encuentran los puntos de extracción hacen que estas empresas sean más vulnerables si no se toma medidas para gestionar estos riesgos.
Uno de los últimos casos que refleja la complejidad de la gestión de los derechos humanos lo ha protagonizado la compañía minera Afrimex, que opera en la zona este de Congo Kinshasa, ocupada desde 2003 por tropas rebeldes. La investigación que el Punto Nacional de Contacto de la OECD de Gran Bretaña realizó a raíz de las quejas de la ONG Global Witness concluyó que “mediante su falta de diligencia, la compañía no contribuyó al fin del empleo de trabajo infantil y trabajo forzoso”. El mismo Gobierno Británico salió a la palestra para criticar la pasividad de la compañía, que no tomó acciones cuando los soldados rebeldes extorsionaban a los empleados de su cadena de suministro con el fin de conseguir financiación para la campaña militar contra el Gobierno de Congo.
También este mismo año el gigante de la distribución Wal-Mart se ha posicionado en el punto de mira por la inacción ante prácticas abusivas en su cadena de proveedores textiles. La ONG estadounidense SweatFree Communities ha publicado el informe ‘Sweatshop solutions?’, para el que se ha analizado una de sus fábricas proveedoras en Bangladesh. Wal-Mart lanzó el compromiso de hacer de esta fábrica “un modelo para el resto de factorías de Bangladesh” pero, lejos de esto, los testimonios de trabajadores que recoge el informe coinciden en calificarla como “una de las peores de la industria exportadora textil” del país. SweatFree ha entrevistado a 90 de sus trabajadores, quienes cuentan que “bajo la presión de tener que acabar el pedido para Wal-Mart, a veces son coaccionados para trabajar 19 horas al día” por un salario mensual de 20 dólares. Además, los empleados aseguran que se les obliga a mentir a los inspectores de Wal-Mart siempre que hay auditorías e, incluso, les “instruyen” en lo que tienen que decir ante las posibles preguntas del inspector.
El último informe de sostenibilidad de Wal-Mart asegura que durante este año la multinacional ha realizado más de 16.700 auditorías en más de 8.500 fábricas, y los mismos trabajadores entrevistados ratifican que las visitas de inspectores son habituales. Es por ello que SweatFree se pregunta sobre la eficacia de estas auditorías y sobre si no pudieran ser tan sólo una forma de aplacar las posibles críticas que suelen ir asociadas a multinacionales de sectores como la electrónica o el textil, que precisan de grandes cadenas de suministro ubicadas, en su mayoría, en países en vías de desarrollo.
Por supuesto, una cadena de suministro que se extiende a lo largo de todo el planeta conlleva riesgos para la multinacional que la gestiona. Así, en la serie de informes ‘Business and Economic Development’, publicada en 2004 por el instituto Accountability y la consultora Business for Social Responsibility, se afirma que “la incapacidad de entender y respetar la comunidad en la que la empresa transnacional se asienta se considera como un factor de riesgo. Sin embargo, son pocos los casos en los que el problema se afronta de forma constructiva”.
Casos ya históricos
La minera Antamina es uno de estos pocos casos. La Compañía Minera Antamina trabaja en la extracción de zinc en los Andes peruanos, inmersa en un ecosistema casi inalterado y donde las comunidades locales, muchas de ellas indígenas descendientes directos de los Incas y que sólo conocen el idioma Quetchua, están muy ligadas a los recursos naturales de esta tierra.
Considerando el entorno y contexto en el que Antamina habría de trabajar, la empresa decidió entrevistar a las comunidades locales y descubrieron que un cambio geográfico provocado por su actividad sería “inimaginable y desorientador” para ellos. Así que se comenzó una interacción directa con la gente de los alrededores asegurándoles que la actividad de Antamina les traería beneficios directos: la minera se quería asegurarse de que los más de 111 millones de dólares que debía pagar al Gobierno de Perú por operar en esa zona se reinvertirían en las comunidades cercanas.
Así, la empresa, con el apoyo de los accionistas, decidió hacer este pago a las autoridades peruanas en público y prometer en ese mismo momento dicha reinversión. A raíz de aquella acción, población y Gobierno apoyaron a la empresa y la mayor parte del pago se devolvió a un fondo regional de desarrollo para la zona: se construyeron carreteras y tendidos eléctricos; se invirtió en la mejora de las clínicas cercanas con nuevos equipos sanitarios y se creó un equipo de médicos para la supervisión en las minas; y se mejoró la infraestructura educativa, entre otras acciones.
Dentro del sector financiero, otro de los más señalados por su sensibilidad respecto a los derechos humanos debido a su capacidad de distribuir la liquidez económica, también hay historias constructivas. Arab Bank es reconocida por su contribución al desarrollo económico y fomento de los derechos humanos en zonas conflictivas. Creado en la década de 1930 en la zona de Palestina, Arab Bank decidió continuar sus operaciones en la región cuando comenzaron los conflictos armados, mientras otros bancos y empresas abandonaban el lugar. En un entorno empresarial prácticamente asolado, Arab Bank mantuvo su actividad económica y comenzó a implantar un programa de microcréditos para facilitar el acceso al sistema financiero a personas de bajos ingresos que tuvieran pequeños proyectos empresariales, siendo su contribución clave para la reactivación de la economía palestina.
La RC, clave para el progreso
Haciendo una breve panorámica sobre la situación de la relación entre derechos humanos y sector privado se observa que las iniciativas positivas son, tal y como concluye el informe de Ruggie, casos aislados. Lo que no quiere decir que sean inservibles. En muchas ocasiones pueden establecer las directrices para la creación de un nuevo modelo de negocio basado en la responsabilidad social, como ocurrió con la idea de Muhammad Yunus a través de su Grameen Bank, creador de los microcréditos.
Y aunque la evolución de los últimos años apunta hacia un modelo de gestión donde los derechos humanos son una de las prioridades, a un nivel global, el camino de la relación entre derechos humanos y empresa “está en su comienzos”, como señala el informe definitivo del Representante Especial de la Secretaría General de Naciones Unidas para la cuestión de Derechos Humanos y Corporaciones Transnacionales.
En este camino, la Responsabilidad Corporativa jugará un papel crucial. Para el representante Business and Human Rights Mauricio Lazala, la RC servirá para el progreso “solo cuando se tome en serio el tema de derechos humanos, como sería el caso de atender a los derechos laborales; la discriminación en el lugar de trabajo; la contaminación ambiental; la seguridad e higiene; la complicidad con gobiernos en abusos de derechos humanos; la operación en zonas de conflicto… Pero no cuando se queda en la Responsabilidad Social Empresarial tradicional, de acciones filantrópicas”.
Las propuestas para progresar en este camino hacia el respeto generalizado y global de los derechos humanos son innumerables y muy diversas, por lo que este año 2008, la ONU ha dado un paso firme para establecer un marco de actuación. El 60 aniversario de la Declaración llega con este importante avance que establece unas directrices sobre las que trabajar, donde tres palabras son clave: protección, que debiera proporcionar el Estado a través de la legislación; respeto, que han de llevar a cabo las empresas a través de sus políticas de Responsabilidad Corporativa; y facilitar el acceso a los remedios, algo que queda en manos de todos los actores sociales.
