Por Stakeholders
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En el Perú se habla mucho de la necesidad de que las empresas incorporen la responsabilidad social empresarial como una herramienta de gestión, sin embargo, aún hay un largo camino por recorrer, así lo revelaron estudios de la Universidad ESAN que datan del 2019. Dichas investigaciones revelan que el 100% de empresas conoce sobre la Responsabilidad Social, pero solo el 15 % de estas reconoce que debe
implementarlo para su beneficio personal, mientras que apenas el 5 % lo aplica. Pero ¿Cuál es la situación actual de la RS en las empresas públicas? y ¿Cómo se debe medir la responsabilidad social empresarial?
Para Ximena Rojas, gestora de Responsabilidad Social de EGASA en Arequipa, en el Perú las empresas públicas todavía están en proceso de afianzar la RS. “No solo hablamos de Responsabilidad Social, hablamos de inversión social y de valor social compartido, es decir, las empresas lejos de hacer buenas obras o acciones tenemos que mirar hacia prácticas socialmente responsables y estructuradas con indicadores”.
La especialista señala que la medición permitirá recoger información de los grupos de interés a fin de conocer qué tan satisfechos se encuentran con los programas que realizan.
A pesar de que aún están en proceso de consolidar esos parámetros, Rojas resalta que hace algunos años la RS estaba más enfocada en el sector privado, especialmente al sector de la minería; en la actualidad, la responsabilidad social ya se enfoca en el sector público. “Por ejemplo, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) aboga por que las 35 empresas de su ámbito hagan responsabilidad social y para lograrlo tenemos lineamientos y herramientas de Sistemas de Gestión Integrado a través del cual la corporación mide los avances”.
“Nosotros tenemos una gran responsabilidad porque somos controlados por los mecanismos de control y de fiscalización. Todas las acciones, programas o proyectos que ejecutemos tienen que ser sostenibles en el tiempo, con gran cantidad de beneficiarios y debe verse reflejado el cambio en la calidad de vida de las personas. La responsabilidad social es el gran paraguas que cubre todos los otros Sistemas de Gestión Integrados”, añade.
Por su parte, un rol importante del Estado es promover la responsabilidad social, lo cual viene siendo muy
poco desarrollado en general en los países, ya que la RS es una iniciativa más arraigada en empresas privadas.
Apuesta por la sostenibilidad
La especialista de EGASA señala que las empresas públicas están apostando mucho por la sostenibilidad,
considerando qué tan sostenibles, impactantes y buenos son los programas, además miden el impacto antes, durante y después de estos mismos.
“El sector público tiene una gran responsabilidad porque todo lo que nosotros hacemos bajo el parámetro de la responsabilidad social tiene que generar un plan sostenido y un gran impacto”, menciona.
Respecto a las estrategias de relacionamiento de RS, detalla que el diálogo abierto, constante y la escucha activa son claves para ejecutar los programas e iniciativas. “Antes se implementaban iniciativas en base a lo que los especialistas recomendaban, ahora involucramos a los grupos de interés, hacemos paneles con los grupos de interés con los cuales podemos levantar estas necesidades de la población.
Luego consolidamos esa información para plasmarla en proyectos y planes”.
La RS y su relación con el Estado
“El Estado tiene que considerar a la responsabilidad social como una herramienta de gestión sumamente necesaria para cerrar las brechas sociales y económicas que atraviesa el Perú. Una gran ventaja de esto es que nos permitirá acercarnos a las poblaciones, saber qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan y
qué es lo que requieren, de esta manera podremos plantear proyectos y programas de mediano y de largo plazo que sean sostenibles”, explica Ximena Rojas.
Agrega también que el nivel presupuestal es una de las principales limitaciones que tienen las empresas
públicas para ejecutar iniciativas y proyectos de RS, ya que dependen de la Corporación y de un presupuesto establecido. “Esto es difícil ya que los grupos de interés tienen necesidades y las expectativas están creciendo.
Otra limitación es que tenemos mucha normativa legal y siempre tenemos que cuidar de no infringir algún parámetro legal con algún proyecto o programa”, puntualiza.
Por su parte, Juan Pablo de la Guerra Urioste, docente de postgrado de “Responsabilidad Social en el Estado” de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), señala que el problema en el Estado es que se tiene muy pocas normas. “Una norma muy interesante es la de la ley universitaria, ya que determina que el 2 % del presupuesto de las universidades debe ser destinado a RS – esto abarca a todas las universidades, incluyendo las nacionales- pero en la práctica no se cumple y nadie lo supervisa”.
Para De la Guerra es clave que exista una Política Nacional de Responsabilidad Social en las instituciones públicas, de lo contrario será muy difícil que las empresas públicas cumplan con las leyes. “El Estado es probablemente el mayor consumidor del país, si esta política estaría alineada a los ODS y sería aplicable a todo el aparato del Estado no se harían compras de plástico, y eso se hace de manera habitual porque no existe una normativa”.
Manifiesta, desde otra perspectiva, que en el Estado no existe una formación en temas de RS. “Tenemos 11 sistemas en el Estado y en ninguno está contemplada la RS, no hay un ente especializado que la promueva, algo que es preocupante ya que un compromiso del país es lograr que los ODS se cumplan al 2030. Si bien hay iniciativas, estas van surgiendo de manera aislada, no están conglomeradas en un plan nacional”.
También indica que las universidades suelen llamar Responsabilidad Social a la organización de eventos
como conferencias para emprendedores, por ejemplo, cuando su verdadero objetivo es captar alumnos
para sus carreras. Afirma que muchas veces tampoco cuentan con proyectos articulados, con investigación, por lo que son muy pocas las universidades que genuinamente avanzan en el tema. Este escenario se ve enfatizado, prosigue, por la falta de supervisión consistente de SUNEDU.
¿Cómo promover la RS en las empresas públicas?
De acuerdo con el académico, la promoción de RS en empresas públicas es un tema que le compete
más al legislativo. “Debe haber más normas que exijan temas vinculados a la RS, por ejemplo: el aceite vertido por los restaurantes no puede ser vertido a las alcantarillas, debe seguir un protocolo determinado; si implementas esa ley automáticamente los restaurantes comenzarán a tener filtros especiales para su aceite y esto generará toda una cadena”.
En ese sentido, señaló que en el Perú no existe una norma para no desperdiciar comida en los restaurantes cuando este tipo de acciones deben ser reguladas. “En la medida en que el Estado tenga una mirada más de RS, va a generar un impacto”
Además, señala que no hay una coherencia con el cumplimiento de las leyes que tiene el Estado. “Si hablamos de inclusión de personas con discapacidad, esta ley exige la contratación laboral del 3 % en las empresas privadas y el 5% en el Estado, sin embargo, nadie cumple con su función, de lo contrario no hubiera ninguna persona con discapacidad desempleada y esto sucede porque SUNAFIL no supervisa”.
Rol de la academia en la promoción de la RSE
Según Juan Pablo de la Guerra, la mirada de los ministerios debería estar puesta en la academia, sin embargo, hay una desvinculación de la academia con los problemas reales de la sociedad. Un ejemplo que brinda es que no se convocó a la academia para resolver los problemas en plena crisis de la
Covid-19, cuando en otros países la academia ha sido un gestor de investigación para los problemas sociales.
“Hay algunas iniciativas aisladas, algunos proyectos, pero no hay una articulación fuerte. Los rectores deberían ser una suerte de consejo para los ministerios, por ejemplo, en la Municipalidad de Lima pagan millones para recoger la basura y cómo los vecinos no la sacan a tiempo hacen un repaso.
Esto termina costando el doble o el triple la factura. Entonces, si los ministerios convocaran a los rectores y pusieran en marcha una campaña de sensibilización con los alumnos para que concienticen a sus familiares, los costos bajarían, así como los niveles de contaminación”, comenta.
Finalmente, arguye que “la academia tiene un gran potencial, primero por la cantidad de personas a las que llega, luego por la investigación y también porque cumplen con lo que la ley exige, pero todo debe ser aplicado a la realidad para que hagan trabajos en conjunto con el Gobierno local y realicen proyectos en pro de la sociedad”.
Desde otra perspectiva, Ximena Rojas, especialista de EGASA, señala que el tema de las alianzas estratégicas entre el sector público, privado y la academia, contribuye a darle el enfoque de sostenibilidad que requieren las empresas públicas. “Solamente uniéndonos mediante sinergias lograremos consolidar planes de sostenibilidad de mediano y largo aliento, de esta manera, las empresas también garantizan su inversión porque ya existen otros actores aparte de los beneficiarios que van a velar por el cumplimiento”, concluye.
