Por Stakeholders
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Dos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han expresado su preocupación ante la reciente modificación de una ley, aprobada por el Congreso de Perú, que penaliza el alquiler de viviendas a migrantes sin estatus migratorio regular.
«La vivienda es un derecho humano de todas las personas, independientemente de la nacionalidad y la condición migratoria. Nadie debería verse obligado a quedarse sin hogar», señaló Balakrishnan Rajagopal, relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, y Felipe González Morales, relator especial sobre los derechos humanos de las personas migrantes.
Indicaron que las personas migrantes y refugiadas, como cualquier otra persona, deben estar protegidas frente a los desahucios y tener acceso a una vivienda que les permita vivir con dignidad.
Cabe mencionar que, según estimaciones, en Perú hay más de 650.000 personas sin estatus formal de residencia. Miles de ellas corren el riesgo de quedarse sin hogar si se multa a los propietarios que les proporcionan alojamiento.
«Albergar a un gran número de personas migrantes y refugiadas en Perú es un reto, pero criminalizar a las y los propietarios que alquilan viviendas y alojamiento a personas migrantes indocumentadas empeorará aún más la situación», mencionaron los expertos.
Para los expertos, la decisión del legislativo no solo afectará a cientos de miles de personas migrantes, sino también a miles de familias peruanas que dependen de los ingresos por alquiler.
