Por Stakeholders
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A pesar de que los recursos dirigidos a eliminar la violencia contra la mujer han incrementado, aún continúa siendo una porción mínima de los fondos públicos. En el 2023 se han asignado S/550,7 millones a este rubro en los tres niveles de gobierno, esta cifra representa solo el 0,24% del presupuesto nacional (S/229.093 millones).
Los esfuerzos son insuficientes. La carente atención hacia las políticas en beneficio de la mujer se reflejan en el monto a cargo del MIMP, que en total suma S/800 millones, la tercera cifra más baja a nivel de ministerios (después de Cultura y Comercio Exterior).
El Programa Presupuestal 1002, llamado “Productos específicos para la reducción de la violencia contra la mujer”, se concentran en entidades del Gobierno Nacional, entre las que destacan el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (S/222,7 millones), la fiscalía (S/141 millones) y el Poder Judicial (108,5 millones). Estos tres organismos recibieron el 85% del presupuesto total.
Los recursos otorgados a estas instituciones se centran en la atención de denuncias (S/207 millones), y en medidas de protección para las víctimas de la violencia (S/286 millones).
Esta iniciativa actualmente agrupa a nueve ministerios, así como a la fiscalía, al Poder Judicial, a gobiernos subnacionales y a universidades que buscan implementar acciones de prevención, atención y protección a dicho grupo.
Por su parte, la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ana Jara sostuvo que los recursos asignados son insuficientes para la creciente demanda del sector y que los gobiernos subnacionales deberían tener un rol más activo. “Los gobiernos regionales y municipios se están poniendo de costado en esta problemática. Ellos tienen sus planes de acción, pero no los ponen en marcha porque priorizan obras públicas que les dan crédito político”, refirió.
Para Jara es indispensable tomar medidas a corto y mediano plazo, como la mejora en el presupuesto para los centros de emergencia mujer (CEM) y la eliminación de estereotipos y discriminación que subsisten en el sistema educativo.
“Los CEM deben atender en tres turnos las 24 horas del día, como los que operan en comisarías, donde se reciba la denuncia, se derive a la fiscalía y los abogados sigan la causa. Pero se han centrado en darles presupuesto para un solo turno”, explica.
En tanto, Karla Gaviño, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, expresó que la importancia de la erradicación de la violencia contra la mujer no se refleja en el presupuesto asignado ni se ve en acciones trascendentales para cumplir esta meta.
“La mayor cantidad de proyectos con estos recursos están dirigidos a remodelar oficinas, comprar mobiliario, no se está focalizando bien el recurso. La plata que se destina es poca, y lo que se usa a veces no se gasta o no va a políticas de alto impacto”, comenta.
En ese sentido, Gaviño agrega que el enfoque reactivo (asistencia y denuncias) debe fortalecerse con prevención desde el trabajo social, en escuelas y familias. “Ambos frentes tienen que trabajar de la mano. La capacitación a los funcionarios para abordar el tema y la formación de educación”, finalizó.
