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La Confederación Sindical Comisiones Obreras (CCOO) ha publicado el informe ‘Las emisiones de gases de invernadero por comunidades autónomas en España en 2007’, en el que se destaca que las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en España triplican las establecidas en el Protocolo de Kioto. Por comunidades autónomas, Andalucía, Canarias, País Valenciano, Murcia, La Rioja, Baleares, Extremadura, Navarra y Madrid son aquellas donde más crecieron las emisiones. Otro de los datos más concluyentes es que en 2007, 120 instalaciones fueron responsables del 36% de las emisiones totales de España.
 
De este informe se desprende que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron cerca de un 52% en 2007 respecto a 1990, año de referencia para el Protocolo de Kioto, “lo que supone un incumplimiento significativo de los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto”, según fuentes de CCOO.

Además, el documento revela que en 2007, 120 instalaciones industriales fueron responsables del 36% de las emisiones totales de España. La mayoría de estas instalaciones pertenecen a grandes empresas energéticas como Endesa; Iberdrola; Repsol; Gas Natural o Unión Fenosa. También tienen presencia varias instalaciones de empresas del sector de la construcción como Cemex y Holcim.

Durante la presentación del informe ‘Las emisiones de gases de invernadero por comunidades autónomas en España en 2007’, el coordinador de la Secretaría de Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO, Fernando Rodrigo, manifestó que  “el Gobierno no puede por sí sólo reducir unas emisiones que triplican con creces lo permitido en Kioto y debe contar con la colaboración de las diversas administraciones, las empresas y la ciudadanía”. Asimismo señaló que “el esfuerzo de reorientar nuestro modelo energético, descarbonizándolo, es ingente y llevará muchos años, e incluso décadas. La tarea principal corresponde al gobierno central, por supuesto, pero también es fundamental el papel de las comunidades autónomas”.

En el mismo evento, el director de la edición española de la revista World Watch, José Santamaría, destacó que el informe “pone de manifiesto las responsabilidades de las distintas administraciones, especialmente de las comunidades autónomas”, y defendió la transparencia en la información y los datos señalando que es necesario conocer la realidad para mejorarla.







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