Por Renzo Rojas
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El programa de cumplimiento o también denominado compliance busca salvaguardar a las empresas de una serie de riesgos que pueden llegar incluso a hacerla inoperativa. Con un progreso efectuado desde el corporativo, es indispensable también sumar a las instituciones públicas en este contexto para evitar malas prácticas, entre ellas las de corrupción que amenazan el bienestar del país.
RENZO ROJAS
El compliance cobra cada vez más importancia en las organizaciones de todo tipo. Y es que su incorporación, la cual no se limita solo a la prevención de la corrupción, lleva a evitar que aspectos de incumplimiento afecten a una empresa o institución pública. En ese sentido, en los últimos años se ha visto un avance en su desarrollo en el país, al menos desde el espacio corporativo, debido a una mayor conciencia por parte de planas directivas.
Ivan Martínez López, vicepresidente de la World Compliance Association, menciona que quizá por sus orígenes hay una asociación directa siempre entre compliance y corrupción. Vale decir que debe entenderse por compliance al conjunto de herramientas, acciones y políticas que desarrolla una organización para prevenir incumplimientos, especialmente de aquellas cosas que más le amenazan, por lo que pensar solo en su beneficio para mantenerse al margen de actos corruptibles no es adecuado.
“Depende de las características de cada organización. No todas tienen el mismo tipo de amenazas, pero podemos estar hablando de cuestiones relacionadas a falta de igualdad de género, ya que cada vez a los grupos de interés les preocupa más. Podemos hablar de prácticas anticompetitivas. Podríamos hablar del compliance fiscal o también del socio laboral, sobre todo en un país como el Perú donde los niveles de informalidad siguen siendo altísimos”, detalla.
Reputación como valor
Para Mauricio Olaya, socio principal de Estudio Muñiz, con el paso del tiempo la cultura de compliance está más íntimamente vinculada a la protección de la reputación de la empresa como valor. En este propósito, ha servido de impulso la presencia de un mayor número de empresas profesionalizadas en el país.
“Es decir, aquellas que van integrando dentro del marco de su gobernanza corporativa directores externos, estos que a su vez podrían ser responsables tanto a nivel legal, pero sobre todo a nivel reputacional, de estar acompañando a organizaciones empresariales que no respetan el cumplimiento normativo. Se genera toda una presión desde varios canales para darle a este tema una atención prioritaria”, explica.
Con el compliance se busca evitar el incumplimiento de la norma porque la consecuencia de lo contrario puede tener un impacto en el ámbito reputacional, dado también una mayor exigencia desde la legislación que atribuye una mayor responsabilidad a las empresas ahora. En estas circunstancias es donde el máximo órgano de gobernanza, que es el directorio, exige que existan modelos de prevención, mecanismos y herramientas tecnológicas que ayuden a que las empresas permanezcan dentro del marco normativo.
Por otro lado, Olaya añade que el avance del compliance en Latinoamérica es casi similar a nivel internacional. Subraya que, independientemente de algunas excepciones, el tema en el mundo también se vuelve un reto permanente.
“Considero que, con las diferencias que podrían existir, es relativamente parejo casi a nivel mundial, salvo algunas sociedades altamente desarrolladas. En los países nórdicos estos temas son absolutamente no negociables. Hay apariencias de evolución menor o mayor, pero después te encuentras con escándalos tremendos de corrupción de grandes compañías internacionales que te hacen cuestionar todo”, manifiesta.
Sector público y compliance
La adopción de modelos de prevención en incumplimiento ha calado en el sector privado del Perú. Sin embargo, es preciso reflexionar sobre los pasos que se vienen dando desde el ámbito público. Considerando la coyuntura actual de las instituciones públicas, no es un misterio que es necesario que se trabaje en cuestión. De no suceder así, se corre un riesgo que puede llevar a un retroceso en lo logrado, inclusive, desde el empresariado.
“El riesgo en nuestro país, hoy por hoy, es que vaya estar existiendo un retroceso muy grande en los temas de compliance, más que de orden de cumplimiento legal, normativo, etc., asociados a dos aspectos. De una fiscalización que lo que trate de buscar es un incumplimiento como parte de alguna venganza política. Lo otro es el deterioro que está empezando a existir a nivel de los organismos estatales, donde hay una inestabilidad de funcionarios: no se sabe cuánto tiempo van a estar ahí”, analiza Mauricio Olaya.
Asimismo, sostiene que el gran problema de que no haya compliance a nivel de las entidades de gobierno es que cabe la posibilidad de entrar en un escenario negativo de presión hacia las empresas, circunstancias que podrían funcionar como un caldo de cultivo para potenciales procesos relacionados a la corrupción.
“Un juego peligrosísimo de me pagas o no te doy tal permiso. O pagas o te multo. Entonces podemos empezar de nuevo a tener al sector privado puesto contra la pared en esas disyuntivas, en donde quizá haya empresas que puedan aprovecharse de escenarios de este tipo para resolver algunos pendientes. Y es que, claro, el riesgo está al frente”, puntualiza.
El reto en un panorama de esta naturaleza, según prosigue el socio principal de Estudio Muñiz, consiste en que los programas de compliance de las compañías tienen que mantener un nivel de alerta muy diligente para evitar circunstancias al respecto.
Para Iván Martínez, urge que el sector público peruano pueda alinearse con el sector privado en materia de compliance. La actualidad por la que atraviesa la clase política y las instituciones que ocupan es una prueba del desaliño en el que se está inmiscuido. En su consideración, de muy poca utilidad son los procesos de sanción o legales iniciados en, por ejemplo, corrupción si a lo largo de los años se repite.
Avance notorio
No obstante, pese a las posibilidades que se ciernen para el compliance en el país, ambos especialistas destacan que el avance ha sido notorio. Evocan algunos episodios que, de alguna manera y curiosamente, tal vez impulsaron a tomar mejores decisiones desde el corporativo o influenciaron en la concientización de las personas.
“Casos como Lava Jato, más allá del contexto peruano porque tuvo efectos en muchos países, si algo le podemos sacar de positivo, es la llamada de atención que nos generó a toda la sociedad, las empresas, porque la realidad es que venimos de una historia de la cultura del incumplimiento, es decir, donde el listo era el que más sobornaba”, remarca Iván Martínez.
Añade que, en toda su experiencia en los últimos 10 años, ha observado que se está dando un cambio cultural respecto a la percepción sobre el que soborna o quien intenta soslayar el debido proceso: “Es un primer paso que nos demuestra que la sociedad comienza a criminalizar y castigar ese tipo de conductas”.
De igual manera, para Mauricio Olaya las consecuencias derivadas del caso Odebrecht, por ejemplo, evidenció una actitud activa en su momento de distintas entidades del Estado como las propias autoridades judiciales y otras. Sin embargo, no se debe escatimar en mantener la rigurosidad cuando se abordan temas como la corrupción, para lo cual el compliance tiene un rol esencial en cualquier tipo de organización.
“Todo eso ayudó. Pero si en esos niveles empiezas a generar de nuevo un relajo o mediante los organismos públicos se vuelve muy fácil que alguien te condicione para otorgar una licencia o un permiso a cambio de un dinero, por ejemplo, es peligrosísimo porque impacta en el desarrollo del país. (…) Lo que estamos viviendo ahora es un retroceso de casi 20 años respecto a lo que hemos avanzado”, concluye.
Apalancamiento en tecnologías
Las tecnologías también ocupan un papel importante en el despliegue de modelos de prevención de incumplimiento. Como se ha visto, el amplio espectro donde puede actuar el compliance ha propiciado que entre en juego en campos que son tendencia en la actualidad como la inteligencia artificial.
“Una visión más a futuro es el concepto de cómo en el compliance tiene que intervenir la inteligencia artificial y los algoritmos. No tenemos que olvidarnos que detrás de estos últimos, que generan esa inteligencia artificial, siempre hay humanos. De hecho, ya tenemos problemas y sanciones en materia de falta de cumplimiento por la elaboración de algoritmos poco claros o transparentes que vulneran los derechos legales”, afirma Iván Martínez.
Vinculado al ámbito corporativo, Mauricio Olaya cuenta que desde Estudio Muñiz han promovido un emprendimiento que se llama Lexmax, el cual es una herramienta 100 % digital que busca evitar que las compañías incurran en situaciones de incumplimiento normativo. Esta plataforma cloud brinda soporte en obligaciones legales, tomando en cuenta los plazos para dichas normativas; así como permite subir sus evidencias y clasificar los riesgos según la estructura de la organización o el sector al que pertenece.
“Se da a través de volcar dentro de una malla de cumplimiento el 100 % de las obligaciones que les corresponden. Aquí uno puede ir estableciendo la evidencia del tema que hay que cumplir, la norma que es aplicable, los plazos en que deben cumplirse, se asignan responsables, alertas tempranas y más para de alguna manera colaborar, de una forma más sencilla, con el fin de que las empresas se mantengan en un ambiente de cumplimiento normativo”, explica Olaya.
