Por Stakeholders
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Esta entrevista fue publicada originalmente en la Revista Stakeholders, en 2011.
- ¿Se puede concebir un Estado que instaure la Responsabilidad Social en la gestión pública? En la gestión pública de España, ¿es mito o realidad?
La RSE es y debe seguir siendo voluntaria. Pero eso es perfectamente compatible con que la Administración la integre en su discurso, y promueva las conductas socialmente responsables.
El Estado debe transmitir con claridad qué es la RSE y cómo puede ser fuente de ventajas competitivas. Y una manera clara de hacerlo es, también, extendiendo los comportamientos socialmente responsables a sus propias esferas y en particular a las administraciones públicas o instituciones académicas y sanitarias.
Además la exigencia de una Gestión Pública responsable crece en la medida que las administraciones públicas exigen a las empresas determinados estándares mínimos de comportamiento social y medioambiental. Las empresas y la sociedad civil piden que los poderes públicos cumplan, al menos, los mismos principios y requisitos que piden a terceros.
En España se han dado pasos importantes en este sentido, como la Ley de Economía Sostenible, aprobada en marzo de 2011, cuyo artículo 35, referido a la sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas, establece obligaciones como las de presentar anualmente informes de gobierno corporativo, así como memorias de sostenibilidad de acuerdo con estándares comúnmente aceptados, o favorecer la adopción de principios y prácticas de responsabilidad social empresarial por sus proveedores.
Además tenemos cada vez más ejemplos de buenas prácticas en Universidades, hospitales públicos, Ministerios (destacando especialmente el de Defensa) y no pocas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Sin embargo estamos lejos de darnos por satisfechos. Son necesarios más avances, como los que hemos propuesto en el programa electoral con el que el PSOE ha presentado a las elecciones generales de 2011, y en los que se plantea exigir que todas las Administraciones Públicas presenten una Memoria Anual de Responsabilidad Social, o que en la adjudicación de los contratos del sector público, se incluya como criterio de valoración la acreditación de empresa socialmente responsable, o el compromiso de fomentar la Inversión Socialmente Responsable, de tal forma que los fondos de inversión y los de pensiones informen anualmente, sobre si las inversiones que realizan tienen en cuenta criterios socialmente responsables. En definitiva, aún queda mucho por avanzar.
- ¿Considera usted que el Estado debe asumir una política de responsabilidad social? ¿Para usted la manifestación de un Estado socialmente responsable son las llamadas Alianzas Público Privadas? Respecto a este tema ¿cuáles son los avances alcanzados en España?
Sin duda alguna el Estado debe asumir su responsabilidad estableciendo reglas para promover la RSE, pero también desarrollando políticas y prácticas de Gestión Pública Responsable. Porque no se puede tener una visión estrecha que considere que la actuación responsable es una exigencia exclusiva para las empresas privadas, y que hay que dar por supuesta para las Administraciones Públicas, porque tienen en su propia razón de ser gestionar el bien común.
Creo que esta opinión parte de un entendimiento limitado de la Responsabilidad Social. Porque las Administraciones Públicas, al margen de que tengan como fin el bien público, pueden actuar de manera sostenible, en diálogo con sus grupos de interés. O no hacerlo.
Las Alianzas Público Privadas son un instrumento que puede contribuir a que el sector privado despliegue su potencial en acciones vinculadas a las grandes causas humanitarias, y que pueden permitir incentivar la implantación de políticas de RSE en todas las filiales y en toda la cadena de producción.
Así lo recoge el vigente Plan Director de la Cooperación española, y la AECID incluye cláusulas sociales y ambientales en los procesos de alianzas con empresas a través del acceso a créditos del Fondo de Promoción para el Desarrollo (FONPRODE) y del Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española (FIEM).
Es cierto que estas herramientas suponen solo una parte muy pequeña de la actividad inversora de las empresas españolas en Latinoamérica. Sin embargo, la importancia de estas iniciativas puede multiplicarse, y ahí está el la experiencia piloto de Alianza Público-Privada que compromete a varias empresas (Telefónica, Microfinanzas BBVA y Santillana) y ONG españolas (Ayuda en Acción, ECODES, Entreculturas y Solidaridad Internacional) con la cooperación española y las autoridades locales en un proyecto de desarrollo integral en la provincia de Acobamba, en el departamento peruano de Huancavelica, en la que en 4 años se invertirán 9 millones de dólares.
- ¿Puede la Responsabilidad Social ser una eficiente estrategia para que la nueva gestión pública pueda hacer frente a los desafíos que nos plantea la globalización y la sociedad del conocimiento?
El mundo ha cambiado de manera radical. El crecimiento y el desarrollo se está desplazando hacia el Sur y hacia el Este. Y el desafío de las economías emergentes (emergidas en muchos casos) ya no es sólo de producción y comercialización. Es de investigación y desarrollo. Hoy ya se licencian más ingenieros en China que en Estados Unidos, y la inversión en I+D+i en China crece a un ritmo exponencial. Mientras Europa necesitó una década para avanzar un 0,14% del PIB en inversión en I+D+i, China ha crecido un 0,40% en sólo 4 años, pasando a dedicar ya el 1,7% de su PIB. Se calcula que en dos años superará a la Unión Europea.
Para ser competitivos en este nuevo contexto la extensión de la cultura de la excelencia y la sostenibilidad que aporta la RSE es más necesaria que nunca en todos los ámbitos institucionales.
- Sabemos que la crisis económica mundial ha afectado profundamente a los países miembros de la Comunidad Europea, ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno español? ¿En este caso considera usted que la Responsabilidad Social puede convertirse en una efectiva herramienta para aplacar la crisis económica?
El Gobierno español no ha actuado aisladamente ante esta crisis. Como no podía ser de otro modo, la respuesta se ha enmarcado en la de la Unión Europea, y muy particularmente en las decisiones de la Unión Económica y Monetaria que integramos los 17 países que tenemos al euro como moneda común. Además, otro foro fundamental de decisiones es el G-20, el órgano global que ha asumido el mayor protagonismo internacional, y en el que España participa como miembro de pleno derecho.
En todos estos espacios se le ha ido dando a la crisis la respuesta que cada etapa de la misma iba demandando. En un primer momento con una intervención que evitara el colapso del sistema financiero. Un derrumbe que hubiera traído una gran depresión. Posteriormente con instrumentos contracíclicos de expansión de la demanda, para reactivar una economía anémica.
Pero ha habido un factor que ha hecho de Europa una de las regiones más vulnerables a la crisis. La Unión Económica y Monetaria que nos dimos era monetaria, pero no económica. Y la falta de una verdadera gobernanza común de la economía de los países que compartimos moneda está haciendo que la crisis de la deuda griega, se haya convertido en una crisis europea, cada vez más extendida.
En el origen de todo este proceso de crisis, primero financiera, y luego de la economía real, con un altísimo coste en empleo, las actuaciones irresponsables han tenido un papel clave.
Desde luego hay una indudable responsabilidad de los dirigentes políticos que asumieron el dogma de la autorregulación de los mercados y convirtieron el credo neoliberal en políticas públicas. Pero la crisis no ha sido sólo una cuestión de falta de regulación, de inadecuadas políticas públicas o de una insuficiente supervisión por parte de los poderes públicos.
La crisis se puede entender también como consecuencia de un comportamiento irresponsable de algunas empresas y de algunos altos directivos que, espoleados por retribuciones exorbitantes ligadas a los resultados a corto plazo, han impulsado los aspectos más especulativos y menos sostenibles de la economía. Y no solo sostenibilidad social o ambiental. Como se ha puesto de manifiesto, ni siquiera parecieron actuar para proteger el interés de los accionistas de sus empresas en el largo plazo.
Por eso, la RSE es un elemento crucial en la salida de la crisis. Y así lo ha interpretado la Comisión Europea, que en su renovada estrategia de la UE sobre RSE para el período 2011-2014 dan una nueva definición de la RSE basada en el impacto de la actividad de la empresa sobre la sociedad y el medio ambiente.
- En el presente gobierno español, del cual usted forma parte, se han insertado una serie de políticas, ¿en algún momento se ha considerado la responsabilidad social como una estrategia clave para el desarrollo sostenible?
Sin duda alguna. Primero creamos una Subcomisión Parlamentaria sobre Responsabilidad Social, que emitió un informe final, más conocido como el Libro Blanco de la RSE, en 2005, y que fue el primero de este tipo que se hizo en Europa. En 2007 le ley de Contratos del Sector Público, aunque no hace alusión a la RSE, incluyó aspectos relacionados con los principios en todas las fases del concurso.
En 2008 creamos el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, un órgano colegiado, asesor y consultivo del Gobierno, de composición cuatripartita y paritaria. En varias comunidades autónomas se han hecho leyes específicas de promoción de la RSE. Y el resultado ha sido un importante desarrollo de la RSE por parte de las empresas, especialmente las más grandes.
Pero el cambio legislativo más importante ha sido la Ley de Economía Sostenible, aprobada este mismo año para promover un cambio de modelo productivo que responda a la necesidad de levantar una economía más sana, competitiva y sostenible.
En esta ley se dan pasos en la promoción de la RSE, en sus artículos 30 a 32 sobre la austeridad y sostenibilidad de la Administración y en el 33, el que se refiere a que las empresas públicas han de hacer Memoria de sostenibilidad y las Administraciones Públicas un Plan de sostenibilidad. Por su parte, el artículo 39 se dedica a la Responsabilidad Social de las Empresas.
En definitiva, estas normas suponen un marco que busca impulsar la extensión de una cultura de la responsabilidad que es, en definitiva, una cultura de la excelencia, imprescindible para ser competitivas y para maximizar los impactos positivos de su actividad y minimizar los negativos.
- ¿Cómo satisface el gobierno español a las nuevas demandas de la sociedad como la inclusión social y la incorporación plena del ciudadano a la gestión pública y cuáles son estos beneficios?
La inclusión social y la igualdad de oportunidades forman parte de la esencia misma del proyecto del Estado de Bienestar que de manera tan decisiva contribuyó a crear la Socialdemocracia, junto a la Democracia Cristiana, en la segunda mitad del siglo XX. Creo que se puede decir que es una de las mejores creaciones que Europa ha brindado al mundo. Y debe seguir siendo la inspiración de los modelos de desarrollo del siglo XXI.
Pero no únicamente por una cuestión de justicia, sino también por una cuestión de eficiencia. Porque la cohesión social redunda en mejores resultados económicos. ¿O es que alguien cree que un país con jóvenes peor educados tendrá un mejor futuro? ¿Es que un país donde la enfermedad separe a las personas entre los que pueden pagar por su salud y los que no es un país que progresará más? ¿Un país sin respeto de los derechos humanos ofrecerá el mejor entorno para que una empresa arraigue? ¿Un país con graves fracturas sociales presenta más oportunidades de inversión? Evidentemente, no.
Desde luego los ajustes, reformas y mejoras en el funcionamiento pueden –y deben ser muchos-, pero apostar por la igualdad de oportunidades debe ser un rasgo irrenunciable de nuestro modelo social.
Por eso, es esencial que la salida de la crisis sea una salida que asegure no sólo un modelo económico basado en el conocimiento, la creatividad, la innovación y el respeto al medio ambiente, sino que debe ser una salida que no deje relegados a los más vulnerables.
Un ejemplo claro de cómo la participación y la inclusión social van de la mano es la recientemente aprobada y ratificada Ley de Consulta Previa peruana. Una ley apoyada por amplios sectores sociales y empresariales, conscientes de que un contexto de inclusión que incorpore la opinión previa, libre e informada de las comunidades afectadas por la actividad económica de una empresa es fundamental para asegurar las inversiones y para ofrecer creación de valor compartido a la sociedad.
