Por Stakeholders
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La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31494, que reconoce a comités de autodefensa y desarrollo rural dentro del sistema de seguridad ciudadana.
Mediante un comunicado, el organismo se opuso a la medida por “vulnerar los derechos fundamentales individuales y colectivos de las comunidades indígenas, transgredir aspectos jurídicos en materia de resguardo ciudadano y por desconocer normas y estándares vinculantes en materia del uso de la fuerza”.
El documento menciona que la norma resulta inconstitucional porque las disposiciones normativas de la ley desconocen que el monopolio sobre el uso de la fuerza pertenece a los agentes estatales, se incumple con el deber constitucional del Estado de proteger a la población frente a las amenazas contra su seguridad al permitir que porten armas de fuego y no garantizar la seguridad ciudadana en el país.
Asimismo, señala que afecta los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas y nativas, al disponer que los comités de autodefensa formen parte de sus estructuras organizacionales y otorgarles diversas funciones y prerrogativas que rompen con la forma en que las propias comunidades deciden cuáles serán sus instituciones comunales y las funciones que ellas tienen, según Defensoría.
La demanda también resalta que la citada ley es contraria a la Constitución, porque el Congreso de la República no sometió la ley al procedimiento de consulta previa a su debida aprobación, tal y como dispone el Convenio 169 de la OIT, la Ley de Consulta Previa y su Reglamento.
De igual manera, se ha solicitado al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la situación inconstitucional referida a la omisión de regular la consulta previa en materia legislativa, por cuanto ha pasado más de 25 años, desde la ratificación del Convenio 169, que no se ha implementado dicho mecanismo para resguardar los derechos de los pueblos indígenas.
