Por Stakeholders
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El predictamen que busca actualizar la Ley General de Pesca tiene más de tres décadas de vigencia. Es una iniciativa que tiene como objetivo realizar ajustes en algunos puntos de la normativa que están desactualizados, pero también asegurar la sostenibilidad de las pesquerías, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
El último lunes, la Comisión de Producción del Congreso pudo dar paso a la actualización de la ley, pero esto no ocurrió. Más de 40 pescadores llegaron desde Tacna, Moquegua, Arequipa, Chorrillos, Ancón, Cerro Azul, Madre de Dios, Áncash, Piura y Tumbes, y se presentaron a las afueras del Congreso para mostrar su apoyo a la propuesta, cuyo debate y votación estaban agendados para el mediodía.
Otro grupo —más numeroso— de pescadores y armadores se manifestó en contra de la norma. Las diferencias entre ambos grupos desencadenaron en agresiones. Más allá de estos reveses, la importancia de una nueva Ley General de Pesca radica en los cambios que trae consigo, de acuerdo con la SPDA.
En primer lugar, fortalece la participación ciudadana y la transparencia. La nueva ley propone que los gobiernos regionales, el Ministerio de la Producción (Produce) y sus organismos adscritos, según corresponda, publiquen y difundan información relevante para el sector de manera permanente y actualizada.
Asimismo, crea el Consejo Nacional de Pesca, un órgano de carácter consultivo que tendrá como función elaborar recomendaciones de mejora normativa, o de diseño o implementación de políticas públicas pesqueras. Este organismo estará conformado por representantes del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales, gremios de pescadores artesanales, gremios industriales, entre otros actores claves del sector.
En tercer lugar, incorpora la categoría de recurso “sobreexplotado”. Actualmente, en la normativa peruana no existe la categoría como tal, que hace referencia a la pesca que ha sobrepasado la capacidad natural de recuperación de la población.
Por dicha razón, la iniciativa busca incorporar dicha categoría a fin de visibilizar el estado real de algunas pesquerías y se puedan adoptar medidas urgentes. Este punto propone incorporar un plazo de vigencia determinado de hasta 10 años de carácter renovable.
Además, protege las cinco millas y propone prohibir la pesca con todo tipo de redes, de cerco o arrastre, dentro de las primeras cinco millas, con excepción de aquellas operadas única y directamente mediante el empleo de la fuerza manual.
Se enfoca en que Produce promueva la creación e implementación de estas zonas destinadas a la conservación de los hábitats acuáticos, pues son esenciales para la reproducción, desove,cría, crecimiento y reclutamiento de los recursos como estrategia de manejo pesquero para asegurar su sostenibilidad.
La nueva norma castiga la pesca ilegal. Pese a que desde el 2006, el Estado prohibió la construcción de nuevas embarcaciones pesqueras artesanales y de menor escala, se continúan construyendo embarcaciones en astilleros que, por lo general, operan en forma clandestina.
Por ello, este punto pretende castigar penalmente a los operadores de los astilleros ilegales, que constituyen el primer eslabón de la pesca ilegal.
En ese sentido se busca incorporar el “delito de actos preparatorios de la pesca ilegal”, que castiga con hasta cinco años de pena privativa de la libertad a quien construye, almacena, transporta, adquiere o facilita la construcción de una embarcación en periodos de prohibición.
Finalmente, la iniciativa fortalece la fiscalización pesquera, pues pretende crear el Registro Nacional de Infractores Pesqueros, así como generar predictibilidad y seguridad jurídica.
Con esta acción se busca evitar un nuevo ‘paquetazo pesquero’, como el decreto que disminuye las multas impuestas por infracciones pesqueras hasta en un 90%. En esa misma línea, asegurar el cumplimiento de las tallas mínimas y vedas; consolidar la potestad sancionadora de los GORE y asegurar que la responsabilidad administrativa en materia pesquera sea objetiva.
