Por Stakeholders
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Karen Eckhardt, jefa de la carrera de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya conversó con Stakeholders acerca de la problemática ambiental en el país y la urgencia de atender el avance de las actividades ilegales en la Amazonía. “Necesitamos un mecanismo ambiental operativo más eficiente”, dijo la catedrática al referirse al derrame petrolero de Repsol.
En Perú hay muchos desafíos ambientales que afrontar. ¿Cuál es su perspectiva en este tema?
El Perú es uno de los 17 países con mayor megadiversidad en el planeta, por las características geográficas (pisos altitudinales y microclimas). Tenemos problemas serios respecto a cómo afrontar las actividades ilegales: minería ilegal en la Amazonía y sierra del país. Hay informalidad que no es controlada, que pone en riesgo la sostenibilidad. ¿Qué podemos hacer? Hay que analizar la causa principal, debilidades en términos institucionales, qué nos está faltando, para poner freno.
¿Cuáles considera que son los desafíos ambientales urgentes que necesitan una atención rápida?
En términos de institucionalidad, el Ministerio del Ambiente tiene una organización bien definida y el objetivo de velar por la gestión ambiental. Tenemos un sistema de evaluación ambiental, estrategias sólidas desde el Minam. Sin embargo, en la práctica falta llegar hasta estos problemas como la minería y tala ilegal, o afrontar los derrames de petróleo, como el de Repsol. Aquí se vieron las deficiencias para abordar esta emergencia ambiental. Nos falta fortalecer el trabajo ambiental en términos operativos; para ser más severos en la remediación ambiental, en las sanciones, en la prevención, etc.
Otro tema importante son los pasivos ambientales que aún no han sido atendidos y generan contaminación en el agua y el suelo. Eso afecta a las personas y la biodiversidad de nuestros ecosistemas.
Son temas urgentes, ¿pero cómo se puede hacer para atenderlos a la brevedad?
Los derrames de petróleo son recurrentes y desde hace décadas en la Amazonía. Muchas empresas han sido multadas, y estas multas han pasado a otras empresas. Incluso han habido derrames en Pacaya Samiria. Hay una serie de argucias legales que usan estas empresas para librarse de las multas y las sanciones no se ejecutan. En algunos casos [las empresas] dejan pasivos ambientales que heredan otras empresas, y nadie se hace responsable. Es un problema que no se tenga un mecanismo más directo y eficiente para sancionar y prevenir estos desastres ambientales. No hay freno definitivo para las empresas que no hacen bien las cosas. No se debe permitir que estas empresas operen en el país, si sus operaciones no cumplen estándares ambientales altos, como los que cumplen en Canadá o Australia. El Estado debe elevar estos estándares ambientales, para evitar que estos eventos [derrames] continúen.
Los defensores ambientales están indefensos y luchan solos en medio de un sistema de impunidad.
Se ha hablado mucho del derrame de Repsol porque ocurrió en Lima, pero dónde está la información sobre los derrames en otras regiones del país. En ese sentido, los defensores deben ser protegidos, muchas veces son ellos los que alertan de estos eventos ambientales.
¿Considera fundados los temores de las comunidades indígenas y campesinas que levantan su voz de protesta ante grandes inversiones mineras o petroleras?
Son temores fundados en la experiencia de muchos años, de malas prácticas ambientales por parte de estas empresas. Debe haber mucho trabajo desde el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos cientos de pasivos ambientales, que afectan a la población y el medio ambiente. Ahora hay una legislación más fuerte, pero hay pasivos. Y son estas malas prácticas las que recuerdan la población y piensan que puede volver a ocurrir.
