Por Stakeholders
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Los trabajadores de la mina Cuajone de Southern Perú, en Moquegua, llevan 50 días sin suministro de agua. Las válvulas del campamento, en el reservorio de Viña Blanca, han sido tomadas por la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala. Las autoridades regionales y nacionales se han enfrascado en diálogos a medidas que no conducen a ningún camino.
El último documento oficial es el acta firmada el 12 de abril con presencia de autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la que se señala que se elaborará, aprobará (por todas las partes involucradas) y publicará una resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM para la instalación de una próxima mesa de diálogo. Sin embargo, luego de 3 días, solo quedó en escrito.
En un acto de desesperación, los trabajadores mineros se armaron de cascos y escudos para enrumbarse desde la garita de su campamento al reservorio. El objetivo era recuperarlo a como dé lugar. “Si no hay solución, abrimos la válvula. Castillo escucha, Cuajone en pie de lucha”, entonaban a su paso. Sin embargo, no llegaron al lugar porque un representante de la secretaría de Gestión Social de Tacna, les informó que se realizará una nueva reunión con integrantes del Viceministerio de Gobernanza Territorial para poner fin a la problemática.
De manera paralela, en el lugar de destino, se realizaba otra reunión entre la comunidad y representantes del Gobierno Regional de Moquegua. Como en citas anteriores, tampoco se logró un acuerdo concreto.
Ayer lunes venció el nuevo plazo que el sindicato de trabajadores de la compañía otorgó al Gobierno y a los comuneros para el restablecimiento del suministro. Según indican, el corte afecta a más de 5000 habitantes, y ha provocado el colapso del Hospital de Cuajone (Nivel II) y la postergación del inicio de clases presenciales de 600 escolares.
“A la fecha, las autoridades han dialogado, pero no han intervenido para recuperar el orden y garantizar la seguridad de nuestros 1,300 trabajadores y sus familias”, señala un comunicado de Southern Perú, que insta a actuar a los congresistas y miembros de la Comisión de Energía y Minas para evitar el cierre de la mina y las consecuencias económicas.
Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), ha dicho que el conflicto de Cuajone y de Las Bambas (Apurímac) representan el 20% de la producción de cobre en el país, suman la quinta parte de las exportaciones de este metal y su paralización genera pérdidas de más de 10,000 empleos directos.
“Si cerramos un año, el Estado dejaría de percibir más de S/3.100 millones por impuestos y regalías, y se perderían 8000 puestos de trabajo directos e indirectos. Eso es lo que queremos evitar”, acota el comunicado de Southern.
Los manifestantes denuncian que la minera ha usurpado parte de sus territorios para construir una edificación que acumule agua para el centro minero. Dionilde Flores, presidente de la comunidad, agregó que la compañía arroja desmontes en zonas cercanas a los cultivos de comunidades adyacentes, por lo que exigió una indemnización de S/ 5 mil millones de soles y el 5% de utilidades.
Southern Perú aduce que cuenta con los permisos necesarios para usar esas tierras.
