Por Stakeholders
Lectura de:
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, han renovado una alianza para prevenir y reducir los cultivos ilícitos en el ámbito de las áreas naturales protegidas.
Según un informe de Caretas e Inforegión, en el país se han identificado más de 20 áreas naturales protegidas afectadas por plantaciones ilegales como la coca, cuyo destino es el narcotráfico y tiene impactos ambientales severos: en las zonas cocaleras -afirma Devida- hay un alto nivel de plomo, cadmio y otras sustancias tóxicas.
Para la elaboración de clorhidrato de cocaína se usan fertilizantes químicos contaminantes, que terminan en los ríos que proveen de agua a poblaciones cercanas y sus ecosistemas. La deforestación que perjudica en muchos rubros al bosque que lo padece y cuya reposición no volverá a materializar la situación ambiental anterior.
Esta alianza estratégica interinstitucional, que se inició en 2010, ha contribuido en la reducción de 45,695.83 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca en zonas colindantes a ocho áreas naturales protegidas, mediante la implementación de acciones de prevención y reducción de cultivos ilícitos y actividades asociadas.
Las áreas naturales protegidas en las que se implementan estas acciones son los parques nacionales del Río Abiseo, Cordillera Azul, Sierra del Divisor, Bahuaja Sonene y Tingo María; el Bosque de Protección San Matías San Carlos y las reservas comunales Yanesha y El Sira.
La suscripción de este acuerdo se realiza en el marco de la “Estrategia de atención a la problemática de los cultivos ilícitos y actividades asociadas en áreas naturales protegidas de administración nacional, período 2020-2024”, que identifica 14 de estos espacios de naturaleza con presencia de cultivos ilícitos.
Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de Devida, resaltó la importancia de trabajar junto a las poblaciones locales para implementar un pacto social.
Por su parte, el jefe del Sernanp, José del Carmen Ramírez Maldonado, afirmó que, junto al interés común de ambas instituciones de cuidar estas joyas de la naturaleza, este acuerdo debe promover un plan integral que permita a las personas que dejen de lado estos cultivos ilícitos, reinsertarse mediante el desarrollo de actividades sostenibles.
