Por Stakeholders
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Tras años de lucha contra el tráfico de aletas de tiburón, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental condena a delincuentes por tráfico de recursos hidrobiológicos en el Perú.
El tráfico ilegal de vida silvestre, incluyendo las especies acuáticas, es la cuarta actividad ilegal más lucrativa del mundo y representa entre 4,200 y 9,500 millones de dólares anuales.
El miércoles 2 de febrero, tras cuatro años de investigación, ha llegado a su fin uno de los casos más emblemáticos de lucha contra el tráfico de aletas de tiburón. El Cuarto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia Del Santa dictó cuatro años y medio de prisión privativa de la libertad y una reparación civil de S/106,375 contra el subgerente de la empresa AJANSA PERU (dueño del cargamento), y el comprador Poly Diks Pinto Gonzáles por el delito de comercio ilegal de aletas de tiburón.
Un hecho histórico
Vale recordar que en 2020 se incautaron en el Perú al menos 28 toneladas de troncos de tiburón, 2300 kilos de aletas y 117 kilos de caballitos de mar. Esta sería la primera sentencia efectiva por tráfico de recursos hidrobiológicos y sienta un precedente muy importante en la lucha contra el tráfico de especies acuáticas.
Oceana participó de la investigación identificando las aletas decomisadas, muchas de las cuales pertenecían a al menos seis especies amenazadas y con restricciones para el comercio internacional, así como diversos tipos de tiburones zorro y tiburones martillo.
Para que la persecución de este delito se traduzca en más sentencias efectivas se debe incluir el tráfico ilegal de vida silvestre dentro de la Ley contra el Crimen Organizado.
Avances legales
Existen tres proyectos de ley que buscan concretar este objetivo lo que brindará a jueces y fiscales mejores herramientas de investigación y ayudará a desarticular redes delictivas.
De acuerdo a la directora de políticas de Oceana, Carmen Heck, existen propuestas legales como “la intervención de comunicaciones, la participación de agentes encubiertos, el levantamiento del secreto bancario, el levantamiento de la reserva tributaria y bursátil, seguimiento y vigilancia, y la incautación de las ganancias del delito sin autorización del fiscal o juez”, señaló.
Sin embargo, no sería lo único necesario para solucionar este problema aún existente.
