Por Stakeholders
Lectura de:
Javier Sainz Córdova
IBT Group (Perú) Gerente de
Desarrollo de Negocio
Desde el año 2009 se viene desarrollando este mecanismo de ejecución de infraestructura pública con resultados interesantes. Los grandes números nos revelan que se han adjudicado y concluido entre el año 2009 y 2021 (al 10 de noviembre de 2021) 455 proyectos, con un monto de inversión de más de 6.227 millones de soles y lo que es más importante beneficiando a más de 19 millones de peruanos.
Sin embargo, si analizamos cualitativamente estas cifras nos encontramos que, en los últimos años, desde el 2017, se viene experimentado un descenso del número de proyectos adjudicados; además, salvo en años puntuales el promedio de monto por inversión por proyecto es relativamente bajo. ¿Es posible que un modelo novedoso y originario de Perú esté sufriendo un agotamiento? ¿Y de ser así cuáles pueden ser los motivos?
Los financistas, que tienen actividades muy diversas y distintas a la ejecución de obra pública, quieren que sus impuestos reviertan, rápidamente, en proyectos concretos que beneficien a la población ubicada en su área de influencia. Sin embargo, se encuentran con retrasos terribles, tanto en el proceso de elaboración de los estudios de preinversión e inversión, como en la ejecución de las obras propiamente dichas, así como con una problemática típica de la gestión de las obras públicas bajo la Ley de Contrataciones del Estado, y que provoca que acaben, en muchos de los casos, en controversias no deseables para un financista. Ante este escenario, ¿Qué motivación pueden tener para implicarse en este mecanismo y no terminar simplemente girando un cheque?
Esta falta de alineamiento entre el interés del financista de avanzar rápido y sin trabas el proyecto, unido a una falta de flexibilidad en la norma para adaptarse a causas sobrevenidas durante la pandemia, como puede ser el alza del tipo de cambio, una inflación superior a los años anteriores, sobrecostes por protocolos covid, cambios normativos constructivos, etc. ha hecho que varios proyectos se pongan en riesgo ya sea porque el financista pierde el interés de financiarlo, o por el riesgo de superar el tope del 50% de incremento permitido respecto a los estudios de preinversión.
Si se quiere garantizar la sostenibilidad del modelo OxI considero que se deben hacer cambios ante las señales de agotamiento que se perciben y para eso hay que escuchar a los que involucran su imagen y recursos, que son los financistas.
Javier Sainz Córdoba, IBT Group (Perú) | Gerente de Desarrollo de Negocio
¿Todo esto significa que el mecanismo no funciona? Todo lo contrario. Cualquier mecanismo que permita seguir aportando en el cierre de brechas es fundamental y mientras existan empresas privadas responsables que quieran colaborar, es deber del estado proporcionar las herramientas adecuadas para poder incentivar su aplicación. Lo que habría que pensar es si tenemos instrumentos, propuestas, para mejorar y otorgar mayor confianza, seguridad y predictibilidad a las empresas privadas en financiar obras por impuestos. En esa línea, actualmente se están implementando estrategias a través de los convenios Gobierno a Gobierno que podrían dar mucha más confianza a los financistas de que los proyectos se ejecuten más rápidamente y sin tener que acabar en arbitrajes (con el incremento en costes que significa y el daño a la imagen corporativa de una empresa de estar en arbitraje con el Estado por algo que no es su actividad principal).
Una medida que alinearía intereses entre el financista y la entidad pública es implementar en estos proyectos las Juntas de Resolución de Disputas al estilo de las que se están desarrollando en los contratos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Es un mecanismo de solución de controversias, ágil, independiente y con un perfil técnico, por lo que sus dictámenes no tendrían que ser cuestionados por Contraloría. Si bien puede encarecer el proyecto, es un coste presupuestable, predecible y que daría confianza a los financistas de no tener que acabar en arbitrajes.
Otro factor añadido, es que mientras se dirimen esas controversias se mantiene el espíritu de avanzar con el proyecto, evitando demoras interminables. En la línea de ejecución rápida, implementar esquemas de ejecución fast track aunque para ello implique la necesidad de crear Unidades Ejecutoras especializadas, es otra alternativa.
Otro punto que se podría implementar es flexibilizar la norma sobre el tope de incremento en el costo del proyecto. Esto no significa que se incremente el tope del 50% de sobre costo, pero sí que se permita justificarlo objetivamente, ya que pueden existir causas más que razonables que lo justifiquen.
Si se quiere garantizar la sostenibilidad del modelo OxI considero que se deben hacer cambios ante las señales de agotamiento que se perciben y para eso hay que escuchar a los que involucran su imagen y recursos, que son los financistas. Las propuestas de cambio tienen que alinearse a partir de la conjunción de los intereses, expectativas y voluntades de los funcionarios públicos y de la empresa privada.
