Por Stakeholders
Lectura de:
Daniel O. Huamán Castellares
Profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico
Uno de los retos que espera al gobierno entrante es la redefinición de la actual política de formalización minera. El año 2012 se sentaron las bases del actual proceso de formalización minera. Se creó un régimen de tolerancia administrativa y penal, los cuales buscaban que un mayor número de personas dejara la ilegalidad y se formalizara.
¿Por qué es tan importante la actividad de los mineros ilegales, sobre todo en la Amazonía? Porque cuando la minería es realizada sin tomar las medidas de prevención y mitigación necesarias, es una gran fuente de contaminación, puede afectar a la salud de las personas e implica también la extracción ilegal de recursos que pertenecen a la nación (los minerales). La situación es mucho más lesiva si nos encontramos en la región amazónica, pues los impactos ambientales son mayores, ya que el tipo de minería (aluvial) implica la extracción de minerales de los ríos y entornos, así como necesita de terrenos mucho más extensos que los utilizados para la minería filoniana.
Para afrontar el problema el gobierno creó un proceso destinado a que quienes se acogieran al proceso de formalización, pudieran alcanzar la legalidad al flexibilizar los requisitos exigidos para alcanzar este estatus. La otra arista fue la penal, creando los delitos de minería ilegal y conexos, así como facilitando la interdicción de las actividades mineras ilegales. Finalmente, para incentivar el acceso al proceso de formalización, creó un incentivo: aquellas personas que se incorporaran estarían exentas de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal y su actividad no podría ser interdictada mientras se encontraran en formalización.
A entender del legislador, este conjunto de incentivos iba a conducir a que los mineros dejaran la informalidad y se incorporaran a la legalidad. No obstante, luego de casi 10 años de proceso de formalización minera, vemos que los resultados han sido desastrosos. Según cifras oficiales de la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, hasta el año pasado menos del 5% de los mineros que formaban parte del proceso de formalización alcanzaron la legalidad.
¿Qué pasó para que los mineros no se formalizaran? La respuesta es simple, lo que el legislador hizo es crear un incentivo perverso. Actualmente el minero informal no tiene incentivos reales para ser legal, pues ello implicaría pagar una serie de costos que reducirían sus utilidades y cumplir un conjunto de obligaciones que todo minero legal tiene, como el pagar impuestos. Por el contrario, el mayor beneficio es permanecer en el proceso de formalización, pues mientras el minero se encuentre en él, no puede ser perseguido penalmente, ni su actividad puede ser materia de interdicción. Ergo, goza todos los beneficios de la legalidad, desde la ilegalidad.
En el Día de la Tierra, 22 de abril, queremos enfocar la atención en nuestra amazonia, la cual es devastada por las acciones de los mineros ilegales. Si deseamos un cambio real, el sistema de incentivos debe variar. Debemos de dejar de enfocarnos en que las personas deseen permanecer en el proceso de formalización, para situar los incentivos en alcanzar la legalidad. Si ello sucede, sobre todo limitando la duración del proceso de formalización, estamos seguros de que finalmente el proceso de formalización alcanzaría su meta real: formalizar a quien desea se formal y dejar que las autoridades impongan todo el peso de la Ley a quién deben.
