Por Stakeholders
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Un amplio sector de las organizaciones sociales europeas no está satisfecho con el rumbo que ha tomado la política de Responsabilidad Corporativa definida por la…
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Una evolución con la que no está de acuerdo la ECCJ que en mayo presentó un documento reclamando medidas para poder exigir a las empresas responsabilidades por los daños sociales o ambientales que pudieran generar sus empresas filiales. “Es un momento de toma de decisiones, que pueden ir hacia una rebaja de estándares laborales en Europa —por la entrada de nuevos actores— o a un sistema por el cual Europa lidere y ponga unos estándares mínimos que afecte a las empresas que estén actuando fuera y les resulte favorable la actual situación de vacío legal y jurídico. Parece que ahora la tendencia es a ir a una mayor competitividad rebajando los estándares. Nosotros lo que apoyamos es lo otro”, explica Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de la RSC.
La política europea en Responsabilidad Corporativa empieza a definirse en el año 2000 con el lanzamiento de una publicación que sería la primera de muchas otras. El texto 'Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas' inicia un camino institucional que tenía como objetivo vincular la RC con los objetivos de Lisboa. Avanzando en este proceso, en 2002 la Comisión lanza una nueva comunicación titulada 'Responsabilidad Social Empresarial: la contribución empresarial al desarrollo sostenible' y con ella la creación de un Foro Multistakeholder destinado a recoger las opiniones de sindicatos, empresas y ONG para avanzar en la construcción de esta nueva política de la forma más consensuada posible con todos los públicos interesados. De tal proceso de diálogo surge un informe final con recomendaciones para gobiernos y Administraciones Públicas.
Sin embargo, en 2006 la Comisión publica una comunicación que supondría una importante decepción para parte del movimiento social. Dirigida al Parlamento Europeo, el Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, el nuevo texto manifiesta la aspiración de la Comisión de convertir a Europa en un “polo de excelencia de la responsabilidad social de las empresas”, pero, a pesar de tan ambicioso objetivo, muchos consideraron que en esta nueva propuesta habían quedado diluidas las opiniones volcadas en el Foro. Según asegura la Coalición aquel documento no reflejó las posiciones de muchas de organizaciones civiles, derivando en un posicionamiento de la Comisión débil que no contribuía a mejorar las prácticas de RC de las empresas. De este modo, el ECCJ recoge actualmente las aspiraciones de un porcentaje importante del tercer sector europeo de desarrollar un marco legal que delimite mejor Responsabilidad Corporativa.
En cierta medida, esta es una opinión compartida por el Parlamento Europeo (PE). Este organismo encargó a uno de sus europarlamentarios, el socialista Richard Howitt, que hiciera una evaluación de la propuesta política presentada por la Comisión. El resultado fue el respaldo mayoritario de la cámara a las conclusiones del informe presentado por Howitt en marzo de 2007 ('Informe sobre la responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación') en las que se instaba a la Comisión a ser más pragmática en su política sobre RC y recurrir tanto a planteamientos voluntarios como obligatorios en esta materia. De este modo, aunque el poder de definir y dirigir la política está en manos de la Comisión, el PE apoyaba la necesidad de establecer algunas medidas regulatorias para desarrollar la RC. Desde entonces, la ECCJ y el Parlamento Europeo mantienen mayor sintonía en el debate europeo sobre la responsabilidad social y ambiental de las empresas.
Un marco legislativo global para empresas
El pasado 29 de mayo, en el marco de una conferencia internacional celebrada en el Parlamento Europeo, la Coalición Europea para la Justicia Corporativa presentó una propuesta para avanzar en la creación de un marco legislativo global que obligue a las multinacionales a responder por sus actuaciones en terceros países. Según la Coalición “la estructura legal de las compañías y la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas a menudo desembocan en una mala gestión ética por parte de las empresas”.
En esta línea, Orencio Vázquez añade: “Europa tiene una posición privilegiada para emprender este tipo de políticas porque es el principal consumidor, inversor exterior y tiene la moneda más fuerte actualmente. Debe liderar un proceso de marco jurídico a nivel global en un intento de normalizar este nuevo escenario en el que las grandes corporaciones operan en muchos países sin una responsabilidad política porque lo hacen a través de subcontratas. Las demandas de la ECCJ van dirigidas a que esta nueva situación se regule y quien lidere esa regulación no sea otros países sino Europa.”
Para apoyar una exigencia legislativa de este tipo, el ECCJ aporta distintos ejemplos de lo que considera importantes responsabilidades legales desatendidas. Uno de ellos es el caso que afecta a la región del Delta del Níger. En los últimos treinta años este territorio se ha visto afectado por derrames de petróleo procedentes de las empresas petroleras que operan en la zona. Durante décadas, según la Coalición, la Royal Dutch Shell ha sido una de las mayores empresas del sector presentes en el Delta. Su filial la Shell Petroleum Development Company (SPDC) de Nigeria lleva la explotación petrolera de la compañía e informa cada año de ,aproximadamente, 250 derrames de petróleo. Por este motivo, se han presentado cerca de 500 denuncias contra la SPDC en los tribunales de Nigeria. Estas iniciativas han tenido escaso éxito. Lo que reivindican desde el ECCJ es que los habitantes del Delta puedan reclamar responsabilidades a la Royal Dutch Shell en los tribunales europeos en busca de una respuesta definitiva para un desastre ambiental que afecta a una población estimada de 27 millones de personas que dependen del pescado, los vegetales y el agua que les provee el río.
La propuesta presentada por el ECCJ solicita tres cambios legislativos concretos. Primero, la ampliación de las responsabilidades legales de las empresas matrices que operan en Europa sobre sus filiales en otros países. El objetivo de esta medida sería que las empresas y sus directores fueran legalmente responsables de los impactos negativos en las sociedades o el medio ambiente que estas pudieran ocasionar. Actualmente, las entidades que conforman un mismo grupo empresarial son consideradas como sujetos legales diferentes con responsabilidades compartidas limitadas lo que impide que se pueda exigir ciertas responsabilidades a una empresa matriz por la actuación de alguna de sus filiales o subcontratas.
Segundo, establecer la obligación de que las multinacionales vigilen que no se produzcan abusos contra los derechos humanos o la naturaleza por personas que estén bajo su ámbito de influencia, es decir, dentro de su cadena de proveedores u otro socio implicado en el desarrollo del negocio.
Por último, se reclaman medidas para ampliar la transparencia de las empresas que operan en Europa. Se propone obligar a las grandes empresas a informar de sus riesgos e impactos sociales y ambientales. Desde el punto de vista de la Coalición, aunque muchas empresas elaboran memorias de sostenibilidad de forma voluntaria la información se facilita a menudo de forma selectiva evitando asuntos esenciales, es muy difícil establecer responsabilidades por la inexactitud en los datos ofrecidos y la usencia de un único estándar común limita la comparabilidad entre los documentos.
“La situación es sumamente compleja y somos conscientes de ello, por eso la propuesta que hicimos tenía un aval jurídico y también se contemplaban todos los aspectos que tienen que ver con la competitividad, con la economía, y no solamente incidíamos en la toma de decisiones de tipo social”, matiza Vázquez. Y es que el objetivo final del proyecto era influir en la lista de asuntos que habrían incorporarse en la Agenda Social Renovada que debía publicar Bruselas a finales de junio. Finalmente, la Agenda apareció el 2 de julio sin ninguna mención que pudiera tener relación con la propuesta del ECCJ. La Comisión se mantiene en la posición que ha mantenido los dos últimos años.
Sin embargo, la Coalición no ceja en su empeño, conscientes de que el trabajo de incidencia política requiere un esfuerzo largo y sostenido, ya definen sus próximos pasos. El Observatorio de la RSC y la ECCJ tiene un proyecto en marcha para trasladar la metodología usada desde hace cinco años por el Observatorio en su estudio anual sobre la Responsabilidad Social Corporativa en las memorias del IBEX 35, elevándola a nivel europeo. El objetivo de este trabajo será hacer una propuesta a la Comisión para que genere un estándar de reporte para Europa.
