Por Stakeholders
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El creciente liderazgo de municipalidades, empresas y asociaciones civiles en impulsar la aplicación de nuevas tecnologías en materia de transporte es una tendencia que cada día se consolida más en América Latina y el Caribe.
Así lo destaca el informe “Movilidad Eléctrica: Avances en América Latina y el Caribe y oportunidades para la colaboración regional 2019”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que habla de las novedades que hay sobre el tema de movilidad eléctrica en 20 países de la región. El estudio fue financiado por la Comisión Europea a través del Programa EUROCLIMA+, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la empresa de energías renovables Acciona.
De acuerdo con esta investigación, la transición hacia la movilidad eléctrica puede ayudar a los países de América Latina y el Caribe a reducir las emisiones contaminantes y cumplir los compromisos del Acuerdo de París sobre cambio climático, mientras se crean nuevos empleos verdes como parte de los planes de recuperación post COVID-19.
Según este reporte del PNUMA, reseñado en una nota de la web de Energía Limpia XXI, el transporte público es el segmento que se está electrificando a mayor velocidad en la región, aunque aún en una fase incipiente de despliegue.
Los más destacados
El estudio refiere que el aumento en la eficiencia de los autobuses eléctricos, la reducción en sus costos de operación y mantenimiento, así como la creciente preocupación por los impactos de las emisiones en la salud y el medio ambiente, son los principales impulsores de esta transición que está viviendo la región actualmente.
Al respecto, Chile destaca por poseer la mayor flotilla de autobuses eléctricos en la región, con más de 400 unidades, mientras se espera que Colombia incorpore casi 500 buses eléctricos en la capital, Bogotá.
Otras ciudades colombianas, como Cali y Medellín, se han unido a Guayaquil, en Ecuador, y Sao Paulo, en Brasil, colocando buses eléctricos en sus flotas urbanas.
La investigación también revela que el transporte es responsable de 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe, y es uno de los principales motores detrás de la mala calidad del aire en las ciudades que causa más de 300.000 muertes prematuras al año en el continente americano, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud.
“En meses recientes hemos visto una reducción en la contaminación atmosférica de nuestras ciudades a causa de los confinamientos para prevenir la propagación de COVID-19. Pero estas mejoras son sólo temporales. Debemos emprender un cambio estructural para que nuestros sistemas de transporte contribuyan definitivamente a la sostenibilidad de nuestras ciudades”, dijo Leo Heileman, director regional del PNUMA en América Latina y el Caribe.
El informe llama a los tomadores de decisiones a priorizar la electrificación del transporte público en el futuro, especialmente a la hora de actualizar las viejas flotas de autobuses que recorren las grandes ciudades de la región.
Asimismo advierte del peligro de un “bloqueo tecnológico” en los próximos 7 a 15 años, si las autoridades optan por renovar las antiguas flotas con nuevos vehículos de combustión interna que seguirán contaminando el aire de las ciudades y causado daños a la salud.
Nueva ideas de negocios
De acuerdo con el informe, algunos países ya están preparando el camino para garantizar una transición hacia el transporte sostenible. Chile, Colombia, Costa Rica y Panamá han trazado ya estrategias o planes nacionales sobre la materia, mientras Argentina, México, Paraguay y República Dominicana están formulando los suyos.
La necesidad de aumentar los puntos de recarga ha generado nuevas ideas de negocio o servicios. Por ejemplo, los “electrocorredores” que ya pueden encontrarse en Brasil, Chile, México y Uruguay permiten a los usuarios extender la autonomía de sus vehículos gracias a las redes de puntos de recarga rápida.
Los negocios de movilidad compartida de bicicletas y monopatines eléctricos también se están desarrollando en al menos nueve países de la región.
El desarrollo de la infraestructura para la carga de los vehículos eléctricos tiene el potencial de fomentar nuevas inversiones y empleos, los cuales son clave para los esfuerzos pos-COVID-19.
Además se llama a los gobiernos a desarrollar una hoja de ruta clara a mediano y largo plazo que ofrezca certidumbre legal a la inversión privada y considere la movilidad sostenible en los planes de ampliación de la red eléctrica, en línea con los compromisos climáticos suscritos bajo el Acuerdo de París.
El informe fue elaborado con los insumos de organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible (ALAMOS) y con la contribución del Centro para la Sostenibilidad Urbana en Costa Rica.
Fuente: Energía Limpia XXI
