Por Stakeholders
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco del Proyecto “Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe” (Proyecto CERALC), financiado por la Unión Europea (UE) e implementado en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentó el reporte Revisión de Políticas sobre Conducta Empresarial Responsable de Perú.
Este documento, que se mostró a las autoridades gubernamentales, representantes de empleadores y trabajadores, así como de la sociedad civil y organismos internacionales, tiene como objetivo proporcionar una referencia para una mayor consolidación e implementación de un marco sólido de políticas sobre conducta empresarial responsable (CER) en este país.
El informe analiza las políticas públicas en materia de CER existentes en Perú y proporciona recomendaciones prácticas para fortalecerlas con el fin de que puedan mejorar los resultados económicos y de sostenibilidad de Perú, y así respaldar los objetivos de desarrollo del país.
“Las empresas peruanas ya son conscientes que para incrementar su valor mercantil y construir una buena reputación, deben mantener una conducta empresarial responsable, ya que hoy en día, esta es una demanda del mercado, de los propios ciudadanos y consumidores. A su vez, esto debe venir acompañado de políticas públicas que formen un equilibrio entre el interés empresarial y el de la sociedad. Por ello, iniciativas como la realización de este informe, refleja justamente que el cambio está operando”, señaló Diego Mellado, Embajador de la Unión Europea en Perú.
La Revisión también representa un recurso útil para la toma de decisiones bajo el contexto actual de la crisis generada por la pandemia de COVID-19, la cual ha presentado consecuencias graves en la vida de las personas, así como en las sociedades y economías.
“Adoptar un enfoque de conducta empresarial responsable en las respuestas gubernamentales y empresariales frente a esta crisis se ha vuelto aún más importante dado que permite generar beneficios a corto y largo plazo, tales como una mayor resiliencia y capacidad de recuperación, una distribución más justa e inclusiva de los beneficios de las medidas de recuperación, y una contribución más fuerte y duradera al desarrollo inclusivo y sostenible”, indicó Froukje Boele, Mánager de Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe de la OCDE.
Enfrentar grandes desafíos
Entre los principales hallazgos de este estudio, se encontró que desde hace algunos años el Perú viene regulando políticas a favor de la conducta empresarial responsable en áreas cubiertas por las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, sin embargo, enfrenta grandes desafíos para cumplir dicha regulación, como, por ejemplo, la aplicación de las leyes, así como el alto nivel de informalidad.
A su vez, el Estudio presenta recomendaciones generales para apoyar al Estado peruano en hacer cumplir lo anterior. Una de ellas es reforzar el papel del Punto Nacional de Contacto de la OCDE para que pueda brindar apoyo en impulsar e incentivar la conducta empresarial responsable en las políticas públicas del país.
El desarrollo de este informe se llevó a cabo bajo el esfuerzo conjunto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Punto Nacional de Contacto (PNC), adscrito a Proinversión. “Si las empresas empiezan a asimilar la relevancia de la conducta empresarial responsable en sus operaciones, tendrán en poco tiempo, varios indicadores de éxito a su favor”, señaló César Peñaranda, Director de la Agencia Proinversión.
De esta manera, Perú se ha convertido en el primer país adherente a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales en someterse a una Revisión de políticas públicas sobre CER, lo cual refleja la firme voluntad del país de hacer frente a estos desafíos y consolidar su camino hacia el desarrollo sostenible.
“Este informe es una contribución relevante para sacar adelante el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, ya que nos permitirá tomar en cuenta medidas basadas en evidencia para avanzar con acciones concretas”, indicó Daniel Sánchez, Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Por su parte, Philippe Vanhuynegem, Director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, señaló que promover la conducta empresarial responsable potencia el diálogo social entre gobierno, trabajadores y empleadores.
“Esto abrirá vías para reducir los niveles de informalidad, aumentar la productividad y garantizar una mejor implementación de la legislación”, sostuvo.
Participación activa
Adicionalmente, esta revisión contó con la activa participación de asociaciones empresariales locales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, quienes formularon importantes insumos y observaciones sobre diversos aspectos.
“Este informe representa una oportunidad para fomentar un espacio donde converjan los esfuerzos del gobierno y de las empresas por promover la conducta empresarial responsable. Cuando se habilita dicho contexto, el rol de las empresas en contribuir con el desarrollo de la sociedad, se vuelve crucial”, señaló Dante Pesce, Miembro del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
