Por Stakeholders
Lectura de:
Jorge Melo Vega Castro
Presidente de Responde
Es una de las canciones más bonitas y populares de la gran Mercedes Sosa. Cambia todo cambia, cambia lo superficial, también lo profundo, el modo de pensar, todo en este mundo. Ese es el escenario, pero que de manera abrupta, ocurrió este último mes de marzo.
Hemos estado bregando muchos años porque las empresas tengan especial cuidado en el relacionamiento con sus diferentes grupos de interés, sobre todo en lo social, lo ambiental y en su propia gobernanza. Pero vino la pandemia del COVID- 19 y de un solo golpe nos emplazó, echándonos en cara que la persona humana es el fin supremo de la sociedad. En realidad ese siempre fue el gran reto de la sostenibilidad, poner a las personas por delante de todo. Es cierto que se avanzó algo y se impulsaron buenas prácticas, estándares y evaluaciones a las empresas para que demuestren su real compromiso con la sostenibilidad; pero marzo del 2020 llegó y todo cambió.
Hasta dónde llega el cambio, no lo sabemos. Por ahora millones de personas se han enfermado y decenas de miles han muerto -especialmente en países desarrollados-,por falta de previsión, por culpa de Estados ineficientes, con malas políticas públicas y precarios servicios de salud. Pero la pandemia ha generado también otro drama de gran impacto en el largo plazo; ahora son millones de empresas las que no podrán seguir funcionando y millones de personas han perdido y seguirán perdiendo sus empleos. Todo cambió y la sostenibilidad se ha vuelto sinónimo de sobrevivencia.
Y cuando esto acabe, ¿qué?
Esa pregunta hoy no tiene respuesta, pero creemos que hay algunos fundamentos que nos pueden ayudar a reflexionar sobre ese ¿qué? sobre el que hay que trabajar. Nos referimos al Estado, la ciudadanía, la empresa y el empleo; no hay novedad.
El Estado, porque nunca se fortaleció en nuestro país y no termina de llegar a las personas. Ese Estado próximo -el gobierno local- prestador de servicios básicos como la educación, la salud y la seguridad, que es soportado por la institucionalidad de un gobierno central fuerte, no intervencionista en las relaciones económicas, pero muy activo en la política pública enfocada en el ciudadano. Cuántas camas de UCI, cuántos respiradores tenemos. De ese Estado hablamos.
La ciudadanía no termina de madurar en nuestro entorno, hay una gran resistencia para asumir una ética de respeto hacia el otro, asumir un comportamiento colectivo, que pasa por el cumplimiento a la ley. Esa fragilidad institucional impide que el Estado funcione adecuadamente para beneficio de todos. Siempre el tránsito y el transporte público será el mejor ejemplo para describir esa anomia, que luego se refleja en la calidad de autoridades. Esta es la gran agenda pendiente para la sociedad civil: gremios, partidos políticos, iglesias, clubes, etc. Hay un sustrato ético detrás.
Sólo hay una forma de desarrollar actividad económica y esa es la empresa; a través de ella se genera valor económico y social mediante el empleo a las personas y el pago de impuestos, tasas, canon y regalías al Estado para que preste los servicios básicos. En el Perú hay muy pocas empresas grandes o medianas y la mayoría son Mypes que están entre la formalidad y la informalidad, porque el Estado no es un buen socio promotor. Denigrar a las empresas, promoviendo una cultura anti empresarial, es como darse un tiro en el pie, ya que únicamente el éxito empresarial permitirá contar con los recursos fiscales necesarios para el desarrollo económico.
Finalmente, el pilar más complejo es el del empleo. En nuestro país ya era muy precaria la calidad del empleo formal -apenas el 23% de la PEA- y con el escenario post COVID- 19, la transformación digital y la Inteligencia Artificial, su requerimiento se vuelve más escaso y sofisticado. También le ocurre al resto del mundo, en diferente medida. La gravedad del tema es que sin empleo no hay ingresos familiares haciendo inviable al país,por el incremento de la pobreza extrema y la mayor desigualdad de ingresos. Una de las salidas cada vez más promovida por los economistas expertos, es la generación de una renta universal; esto es que el Estado pague un salario básico a todos aquellos que no lo tengan, evitando que caigan en la pobreza extrema y se convierte también en una vía de formalización de la economía. Es un modelo con un alto impacto fiscal, pero que puede traer grandes beneficios. Algo de esto ya se viene ensayando en el Perú, también como respuesta a la pandemia.
