Una empresa sin ganancias no es socialmente responsable

Sostenibilidad. Ese es el requisito sine qua non para una empresa que busque comprometerse con la responsabilidad social. Es a partir de ese precepto que se ha construido una sólida teoría en la que se privilegia la relación de las empresas con su entorno, sus grupos de interés y el diálogo que permite transmitir las expectativas de unos y otros, para que exista un equilibrio sostenible con ganancia mutua. Pero, ¿qué ocurre cuando se equivocan los roles y la empresa no obtiene beneficios?

Ese es precisamente el reto que tiene la RSE en realidades como la nuestra. En el Perú, la iniciativa privada no goza de mucha aceptación (excepto en los estudios realizados luego del sismo de agosto pasado) y eso lo hemos visto reflejado en los mensajes que los políticos utilizan regularmente en los procesos electorales para achacarle el origen de nuestros males, usando mensajes de corte paternalista, donde siempre otros serán los responsables de nuestras limitaciones.

Ese tipo de mensajes, son los que a la larga impiden desarrollar una cultura de emprendimiento donde se premie el éxito. El emprendedor exitoso prefiere mantenerse en un tamaño límite en el que la informalidad lo proteja de ser percibido como un ganador.

En la otra orilla, si alguna actividad funciona mal y es desarrollada por el Estado, es tolerada y hasta justificada; es el caso de los servicios de saneamiento, la educación, el mantenimiento de las calles, el servicio eléctrico en provincias, entre otros. El que estas empresas sean eficientes, cumplan sus objetivos y tengan utilidades no es importante, ya que existe una máscara comprensiva que las protege: “es que es del Estado”.

A partir de esta diferenciación, en la que la empresa privada está obligada a realizar actividades a favor de la comunidad porque gana plata y el Estado está liberado del cumplimiento de sus obligaciones y se le tolera la ineficiencia porque “así es”, resultará difícil salir de una cultura acomplejada en la que no somos capaces de exigir rendición de cuentas a nuestras autoridades. En cambio, sí exigimos del privado mayores compensaciones porque ellos están obligados a ser eficientes y esos beneficios de su adecuada gerencia deben compartirlos, ya no sólo con Estado a través de los impuestos, sino con la comunidad.

Esa es la visión equivocada que se maneja en nuestro medio respecto a la responsabilidad social y que no solo dista mucho de cómo debiéramos hacer bien las cosas, sino que al final las propias empresas caen en la distorsión haciendo de su relación con la comunidad su política privilegiada de RSE; mientras tanto, la sociedad se neutraliza, demanda mal a la empresa y no es capaz de supervisar la responsabilidad social del Estado, de la municipalidad, del gobierno regional, de la universidad o de las ONGs. Finalmente, todos los roles se confunden y el gran perdedor es la propia sociedad que no es capaz de construir una ciudadanía corporativa, donde se funciona en base a derechos y deberes entre los propios ciudadanos y de éstos con las distintas instituciones, repitiéndose el error de trasladar las exigencias y responsabilidad a un solo actor.

Es importante que todos interioricemos que si queremos que las empresas sean socialmente responsables, éstas primeramente tienen que ser eficientes y, esa eficiencia y competitividad se verá luego reflejada en la obtención de utilidades que será la principal muestra de su sostenibilidad. Una empresa exitosa está condenada a crecer, realizar mayores inversiones, generar más empleo, ser más competitiva; esto es, a ser sostenible. Pero, si la empresa no cumple el primer precepto de ser eficiente para lograr utilidades, estará condenada al fracaso y ese resultado tendrá un impacto muy negativo para toda la sociedad. Exigirle al Estado y sus instituciones que sean eficientes y que cumplan con sus objetivos, es la mejor forma de promover la responsabilidad social o la ciudadanía corporativa en nuestro país.