¿Es delito bloquear la carretera?… depende, por Jorge Melo

Por: Jorge Melo Vega Castro
Presidente de Responde

“No contribuye a la paz social”,  sancionar a quienes bloquearon la carretera en el conflicto sobre el proyecto Tía María el 2014, es lo que declaró el entonces Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Hace pocas semanas se desarrolló un paro agrario que se manifestó, fundamentalmente, mediante el bloqueo de 16 carreteras nacionales; dos meses atrás el país conoció por las primeras planas que una carretera en Cusco estaba bloqueada por una comunidad de Apurímac, impidiendo el paso de la logística y concentrado de minerales de una de las principales empresas mineras del Perú; y en esa línea, a inicios del año los transportistas consiguieron una reducción del precio del diésel, luego de bloquear las carreteras en diferentes puntos del país.

Este es un breve recuento de una de las expresiones de violencia más normalizadas que vivimos. El bloqueo de carreteras es una actividad delictiva contemplada en el Código Penal y que se ha vuelto habitual, con un promedio de un bloqueo cada 15 días, de acuerdo a los informes de la Defensoría del Pueblo. Para los que vivimos en las ciudades no dimensionamos la violencia y transgresión que significa esa práctica tolerada, sobre todo, por las propias autoridades del Estado, tolerancia que invita entonces a esos supuestos dirigentes sociales a retener y secuestrar a las personas y bienes, impidiéndoles su libre circulación en abierta violación a los Derechos Humanos.

Hemos revisado los datos de los últimos años sobre estos hechos punibles y nos encontramos que no existe una respuesta oficial coherente, tanto para el desbloqueo de las vías y detener a los responsables, como para su posterior juzgamiento. Las autoridades se resisten a hacer cumplir la ley, los fiscales observan los hechos pero no deciden y claro está, los jueces preconizan su particular “paz social”, para evitar enfocarse en la tarea por la que se les paga.

La realidad es que estos bloqueos han desencadenado varias muertes. Ciudadanos que se dirigían de una localidad a otra y que fallecieron por el frío, la altura, la deshidratación o por otros males que requerían asistencia médica y que al impedírseles la libre circulación, fallecieron. Igualmente han fallecido policías por estas acciones. Los bloqueos no son pacíficos, están cargados de violencia por quienes intentan detener el libre tránsito, agrediendo a los vehículos y personas que intentan pasar.

El daño económico generado, atribuible a estos responsables, tampoco se está midiendo. En adición al impacto a la libertad de las personas, también se impide la libre circulación  de bienes que no llegan a tiempo y en muchos casos se deterioran. Ocurren con los alimentos, con el acopio de la leche de campesinos de zonas alejadas, con las actividades turísticas con importante repercusión en las economías locales y en la logística para las operaciones productivas y el transporte de minerales que no llegan a embarcase en los plazos fijados.

Una vez más no podemos ser tolerantes y permitir que las autoridades renuncien a sus obligaciones de hacer cumplir la ley. Es tarea del Ministerio Público, el Poder Judicial, la policía y el propio gobierno actuar y no valorar si es políticamente correcto hacer su trabajo o no; mientras tanto, vemos a los propios ciudadanos tomando la iniciativa, celular en mano, transmitiendo su indignación.