Por Stakeholders
Lectura de:
Juan Zevallos Roncangliolo – Abogado especialista en Derecho Corporativo y Negociación
En la actualidad, el Perú, país de amplia tradición minera, viene siendo el centro de las miradas por parte de la comunidad minera internacional. Su inmenso potencial geológico, su clima favorable a la inversión, su estabilidad jurídica y condiciones económicas óptimas, contribuyen a esa posición privilegiada. Desde el año 2013, el Perú ha sido el único país que ha venido experimentado un verdadero crecimiento sostenido, según el prestigioso instituto Frasier.
Este notable crecimiento sostenible ha sido posible gracias a un buen manejo fiscal y a una política económica muy solida que en la actualidad es admirada por diversos países en el mundo, poniendo al país en el centro de la atención mundial. Este panorama óptimo e inmejorable para la actividad minera de la que todos los peruanos somos testigos, podría eventualmente verse afectado y generar un impacto negativo en la captación de capital para seguir desarrollando la actividad extractiva, al registrarse tensos conflictos sociales, los mismos que podrían poner en riesgo la estabilidad jurídica, el estado de derecho y la condiciones favorables a la actividad minera en nuestro país.
Uno de estos conflictos sociales que se destacan en la actualidad, es el que viene siendo protagonizando por la minera Las Bambas, propiedad de la minera china “China Mine Metals Group” (MMG) y la comunidad campesina de Fuerabamba, con intervención del estado peruano a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones(MTC) y el Ministerio de Energía y Minas(MEM).
Este conflicto tiene importancia inusitada, si tomamos en consideración que la mina Las Bambas produce el 2% de la producción total de cobre a nivel mundial. En este caso álgido y agitado, las poblaciones aledañas, entre ellas la de Fuerabamba, mantienen bloqueado desde hace casi dos meses el camino que utilizaba la minera MMG para trasladar su mineral al Puerto de Matarani para ser embarcado con dirección a los destinos establecidos. Este enfrentamiento que divide a la minera China y la comunidad de Fuerabamba y poblaciones aledañas, tiene ya varios años de existencia y se remonta al año 2014. Esto último, con motivo de la compra de los activos del proyecto a la Compañía Suiza Glencore.
Entre los motivos principales del conflicto, podemos enumerar los siguientes: Que, de acuerdo a las poblaciones afectadas, la minera utiliza, para el transporte de su mineral, un camino de tierra que atraviesa por tierras de su propiedad; Razón por la cual piden una compensación por usar este camino. Asimismo, expresan que la minera MMG no cumplió el compromiso de implementar un mineroducto para transportar el mineral, incumpliendo el compromiso del proyecto inicial ideado por Glencore.
A la par, las poblaciones afectadas consideran que MMG los reubicó a una nueva urbanización sin una adecuada compensación y sin implementar los servicios sociales y de bienestar comprometidos. Otro aspecto que enardeció a las poblaciones afectadas, fue las polémicas detenciones por extorsión cuando la semana pasada fueron detenidos los dirigentes de Fuerabamba y sus asesores legales por presuntamente extorsionar a la minera. Se sabe que estos arrestos fueron el detonante que agudizó las protestas, al sumarse al reclamo otras poblaciones cercanas con paros indefinidos y paralizaciones, como Challhuahuacho.
De persistir el bloqueo del corredor minero en Las Bambas, forzaría a la minera a declararse en fuerza mayor, privando al Estado de percibir ingresos sustanciales para sus actividades. A la fecha, las pérdidas superan los US$300,000.000. Conforme a nuestra lectura del conflicto, consideramos pertinente expresar que el mismo encuentra su origen en la falta de delimitación de las obligaciones del Estado y de la empresa minera, la falta de una difusión clara del proyecto entre las comunidades afectadas, la falta de autoridad por parte del Estado peruano, la poca o nula voluntad de las comunidades de obligarse con honor e integridad frente a la minera y la influencia negativa que en muchos casos reciben las comunidades por parte de grupos de interés anti-mineros o con una agenda subalterna con intereses definidos y por último, la falta de comprensión de la minera con relaciòn a los intereses, expectativas y requerimientos de las comunidades afectadas.
Ahora bien, habiendo compartido la posición inicial de las comunidades afectadas, resulta pertinente desarrollar la posición de la minera MMG. En esta línea, la minera afirma que comenzó a utilizar el camino al haber sido declarado por el gobierno peruano como vía nacional como parte del corredor minero hacia el puerto de Matarani (Arequipa).
En este sentido, la minera considera que no habría lugar a compensación por este hecho. Asimismo, la minera sostiene que no ignoró los compromisos adquiridos a través de su EIA, toda vez, que, al pasar a manos de esta, desestimó realizar el ducto al considerar que no era rentable ni eficiente para explotar esta mina. Otro argumento de la empresa en contraste a lo que afirma la comunidad, es el hecho de que considera haber excedido las expectativas de las comunidades al haber dotado de viviendas modernas con servicios de agua, desague y alumbrado público con centros de recreación, posta médica y colegio.
Al mismo tiempo, señalan que procedieron a realizar entregas de dinero a los miembros de las comunidades como compensación por la reubicación y el uso de sus tierras. De la misma manera, la minera declara haber puesto a disposición de la comunidad de Fuerabamba el fundo Yavi Yavi para sus labores agrícolas.
Con respecto a las detenciones de los dirigentes principales y asesores legales, la minera afirma que todo obedeció a una investigación seriamente conducida por parte de la Fiscalía de la Nación. Otro aspecto esencial en este proceso es la falta de aproximación que se tiene para dimensionar el interés real de la comunidad en conficto, el monto de la compensación y de lo necesario para alcanzar bienestar y progreso permanente. Desde luego, este tenso e incierto panorama no hace más que encarecer la actual dinámica del tratamiento de la inversión minera al no aportar estabilidad jurídica, lo que podrá paralizar y/o entorpecer la puesta en marcha de otros proyectos como Conga, Tía María y Rio Blanco Copper, que generarían más atraso para el país, desaceleración económica y que nos podrían hacer retroceder más en competitividad en el sector minero.
En este punto de la discusión, resulta pertinente y prudente añadir que el conflicto de Las Bambas pudo haberse atenuado y conjurado desde sus inicios, para así evitar esta escalada de violencia atroz innecesaria. Según lo señalado, resulta a todas luces evidente que esta controversia de grandes proporciones entre MMG y las comunidades involucradas en el conflicto subyace a una falta de presencia del Estado, de planes de inversión en la zona de conflicto, en la falta de inversión en infraestructura básica de calidad y desarrollo social, en la poca o nula delimitación de las obligaciones del Estado y de la empresa minera (factor que confunde a las comunidades), a la falta de una difusión clara del proyecto entre las comunidades afectadas y sus variaciones, a la falta de autoridad por parte del Estado peruano para garantizar el orden e imponer el Estado de derecho, la poca o nula voluntad de las comunidades de obligarse con honor e integridad frente a la minera y la influencia negativa que en muchos casos reciben las comunidades por parte de grupos de interés anti-mineros o con una agenda subalterna con intereses definidos.
En este estado de la discusión, queremos expresar que no toda la responsabilidad en la agudización del conflicto puede atribuírsele a las partes, ya que el Estado peruano ha tenido un participación importante en este contencioso, sobretodo por su debilidad institucional y falta de vigor político y determinación para imponer el imperio de la ley.
En este escenario altamente conflictivo como el expuesto, consideramos fundamental proponer algunas medidas que permitirían afrontar con mejor disposición el conflicto minero actual en Las Bambas y, en su caso, cualquier otro conflicto minero con similares características.
En primer lugar, asegurar la presencia plena del Estado en las zonas en conflicto, garantizando planes de inversión en la zona del proyecto, para poder llevar desarrollo, bienestar y progreso al pueblo. En segundo lugar, se debe de limitar con claridad cuales son las obligaciones exclusivas del Estado y de la empresa minera. En tercer lugar, se debe de difundir clara y plenamente el proyecto entre las comunidades afectadas, así como sus variaciones para tener instruida a la población y evitar contratiempos y confusiones, que puedan desembocar en pleitos innecesarios.
En cuarto lugar, y ello resulta un imperativo, creemos que el Estado debe de asegurar el principio de autoridad para garantizar el orden e imponer el Estado de derecho sin contemplación con el uso de la fuerza utilizada, según corresponda de manera prudente y racional. En quinto lugar, se debe de trabajar para comprometer a las comunidades interesadas en el proyecto para obligarse con total honor e integridad frente a la minera y el Estado, estableciendo penalidades en caso de incumpliminentos y exigiéndoles interlocutores válidos para negociar.
En sexto lugar, el Estado debe de contrarrestar la influencia negativa que en muchos casos reciben las comunidades por parte de grupos de interés anti-mineros o con una agenda subalterna con intereses definidos; esto último, a través de acciones de inteligencia que vayan de la mano de acciones cívicas, programas sociales y todo tipo de actos que promuevan el desarrollo, progreso y bienestar de la población aledaña al proyecto minero.
En séptimo lugar, el Estado y la empresa minera deben de aunar esfuerzos para comprender y armonizar los verdaderos intereses, expectativas y requerimientos de las comunidades afectadas. En octavo lugar, y aunque resulta discutible y audaz, creemos que se debería contemplar la opción legislativa de garantizarle a la comunidad aledaña al proyecto minero una participación económica en el mismo por medio de la entrega de acciones de inversión que le permitan mantener participación como parte de la empresa con voz en asuntos vinculados a su relacionamiento con la empresa minera, pero sin voto para decisiones administrativas, económicas y de inversión que son exclusivas de los socios capital, quienes son los expertos en el manejo del negocio minero.
Nuestras sugerencias buscan acercar a las tres partes del conflictos, crear canales de diálogo, concertación y reducir considerablemente las condiciones para el surgimiento de conflictos. Somos de la opinión, que tomando en cuenta parte de nuestras recomendaciones se podría de alguna manera conjurar probables y potenciales conflictos mineros a futuros. No queremos decir que tengamos la fórmula mágica para resolver en su integridad la controversia en Las Bambas, pero mientras se pueda detectar los intereses de los actores, los problemas desde su fuente para prevenirlos y se pueda reunir a las partes en su estadio inicial, se podría gestionar de manera más eficiente y optima los conflictos sociales.
Recordemos que sólo el 14 % del territorio nacional está concesionado a la actividad minera y que se tiene un amplio porcentaje del territorio peruano para concesionar a la actividad minera y llegar a posicionar al país como principal productor de los metales principales y alcanzar una posición de vanguardia como destino de la inversión minera global.
Para concluir, consideramos crucial establecer que sólo en un país donde la minería se ejerza en armonía con el interés social, con respeto por el equilibrio medioambiental, con responsabilidad social, con reglas claras para la inversión, con mecanismos efectivos de solución de controversias y donde se respete la ley, se imponga el principio de autoridad y se priorice el diálogo y la negociación, será un país favorable para la inversión minera con condiciones óptimas de desarrollo.
