Por Stakeholders
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Modificación del artículo 57 del Código Penal le quita este beneficio a aquellos funcionarios y servidores públicos condenados por violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar.
El pasado 29 de diciembre del 2017, en el Diario Oficial El Peruano, se publicó la Ley N°. 30710, ley que modifica un párrafo del artículo 57 del Código Penal, modificación que le ha quitado el beneficio de suspensión de la pena a aquellos funcionarios y servidores públicos condenados por violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar.
Según el presidente de la Cámara Legal Educativa Fortaleza, Stefano Miranda, conforme al desarrollo del artículo 425 del Código Penal, un funcionario o servidor público son los que están comprendidos en la carrera administrativa y los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular.
Miranda también afirmó que funcionarios o servidores públicos son todos aquellos que mantienen un vínculo laboral o contractual con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas estatales o sociedades mixtas, así como los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por la autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.
Funcionarios o servidores públicos también son los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), los designados, elegidos o proclamados por la autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o sus entidades, además de los indicados por la Constitución Política y la ley, indicó.
Finalmente, Miranda destacó que resulta interesante que las actuaciones normativas contenidas en la Ley N°. 30364 y las desarrolladas en el presente artículo, establezcan prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, formando consciencia y valores en la ciudadanía para que no sea parte de la violencia que puede darse en cualquiera de los contextos previstos en la ley.
